Horas antes del inicio del debate donde se avalaron reformas a la Ley de Glaciares, un grupo de activistas de Greenpeace irrumpió en la escalinata del Congreso y, tras saltar una de las rejas perimetrales, llevó adelante una intervención simbólica para advertir sobre lo que consideran un retroceso ambiental.
La acción terminó con 12 manifestantes detenidos —nueve de ellos mujeres— y con el arresto de un camarógrafo que estaba registrando el operativo policial.
Los activistas se presentaron vestidos como legisladores y se sentaron sobre inodoros donde habían escrito “Ley de Glaciares”. Luego extendieron un cartel dirigido a los senadores con la leyenda “no se caguen en el agua”, con el que buscaban denunciar que la reforma impulsada por el Gobierno pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce del país. La intervención, que fue definida por la organización como “directa, pacífica y simbólica”, duró apenas unos minutos antes de que efectivos de la Policía Federal ingresaran al espacio y procedieran a las detenciones.
En medio del forcejeo, los uniformados arrojaron gas pimienta contra Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, quien terminó en el piso y esposado. Testigos captaron imágenes del momento en que los agentes lo empujan. La cronista del mismo canal también resultó afectada por el aerosol irritante.
Desde Greenpeace calificaron el operativo como “preocupante desde el punto de vista democrático”, al considerar que se trataba de una protesta pacífica en el contexto de una discusión legislativa sobre el acceso al agua. “Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o habilitan intervenciones en zonas que la ley vigente resguarda. La reforma es regresiva e inconstitucional”, sostuvo Diego Salas, director de Programas de la ONG, quien advirtió que millones de personas dependen de los ecosistemas que actualmente están bajo protección.
La controversia se centra en la redefinición de los espacios periglaciares. La norma vigente desde 2010 prohíbe actividades industriales, incluida la minería, tanto en glaciares como en su ambiente periglaciar, dado su rol en la regulación hídrica. El proyecto del oficialismo introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable”, lo que, según organizaciones ambientalistas, dejaría grandes áreas sin protección. También plantea que sean las provincias las que determinen qué zonas deben ser consideradas reservas de agua, amparándose en el artículo 124 de la Constitución, que reconoce su dominio sobre los recursos naturales.
El Gobierno argumenta que la reforma permitirá destrabar inversiones, sobre todo en proyectos mineros de cobre, y que el inventario de glaciares seguirá bajo la órbita del Ianigla. Sin embargo, ONG ambientalistas y parte de la comunidad científica afirman que los cambios vaciarían de contenido una ley considerada ejemplar a nivel internacional y generarían un escenario de inestabilidad jurídica.
