La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares, con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, luego de más de 11 horas de una sesión atravesada por fuertes cruces políticos.
La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza junto a bloques aliados, redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y establece nuevas condiciones para el desarrollo de actividades productivas en esas áreas.
El oficialismo reunió el respaldo del PRO, la UCR y distintos espacios provinciales, además del acompañamiento de algunos legisladores opositores. En rechazo se pronunciaron la mayoría de Unión por la Patria, la izquierda y otros bloques.
Durante la jornada también se debatieron distintos apartamientos de reglamento propuestos por la oposición, que buscaban incorporar otros temas al orden del día, como pedidos de interpelación a funcionarios y proyectos vinculados a la política internacional. Ninguna de estas iniciativas logró reunir los votos necesarios.
En el tratamiento de la ley, desde el oficialismo sostuvieron que la reforma apunta a “aclarar conceptos” y a ordenar las competencias entre Nación y provincias, al tiempo que remarcaron que no se modifica el principio de protección de los glaciares. Además, defendieron la necesidad de habilitar condiciones que permitan impulsar inversiones y generar empleo en las economías regionales.
En ese sentido, se planteó que la nueva normativa otorga mayor participación a las provincias para la evaluación de proyectos en sus territorios, especialmente en zonas donde existen dudas sobre la función hídrica de determinados ambientes periglaciares.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron con dureza el proyecto y advirtieron que implica una flexibilización de los controles ambientales. También señalaron que la reforma podría derivar en conflictos judiciales y en una pérdida de capacidad de regulación por parte del Estado nacional.
Asimismo, se pusieron en duda los fundamentos técnicos de la iniciativa y se criticó el proceso de discusión previo, en particular el formato de la audiencia pública, que había generado cuestionamientos por parte de sectores opositores.
A lo largo del debate, distintos legisladores plantearon la necesidad de compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental, aunque con posturas contrapuestas sobre el alcance de la reforma. Mientras algunos defendieron la promoción de inversiones como eje para el crecimiento de las provincias, otros alertaron sobre el impacto que podrían tener las modificaciones en zonas consideradas sensibles.
Con la sanción en Diputados, la reforma queda convertida en ley y abre una nueva etapa en la regulación de las actividades en áreas vinculadas a glaciares y ambientes periglaciales, en un contexto de fuerte discusión política y ambiental.
