Se trata del gasista matriculado que manipuló el regulador tan solo minutos antes de la explosión. La Justicia, por su parte decidió absolver a los otros diez acusados: otros dos gasistas, tres integrantes de la administradora de la propiedad ubicada en Salta 2141 y cinco empleados de la empresa Litoral Gas, quienes fueron imputados por el delito de estrago culposo agravado.
Si bien la condena parece irrisoria, para este tipo de delitos la máxima pena es de cinco años de prisión efectiva.
La querella, en representación del matrimonio Gianángelo, quienes perdieron a su hija Débora, había pedido esa pena para los once imputados. La fiscalía, por su parte, había solicitado el sobreseimiento para uno de los gasistas privados y para uno de los reclamista de Litoral Gas, al considerar que no contribuyeron en la “cadena de negligencias” que derivaron en la explosión.
De acuerdo a la investigación, la explosión ocurrida la mañana del 6 de agosto de 2013, se debió al deficiente cambio de una válvula que se realizó cuando una vecina del edificio reclamó por los problemas en la provisión de gas. Dos reclamistas de la firma Litoral Gas y un gasista privado observaron el inconveniente que presentaba la propiedad.
García, junto a su ayudante Pablo Miño, trabajaron esa mañana en la reparación sin cortar el paso de suministro de gas ni de energía eléctrica, y sin avisar del escape a los vecinos.
Fuente: Diario Popular