Durante la presentación, vecinos reconocieron a dos policías de civil que concurrieron al acto observando y registrando lo que allí pasaba.
Este acto de inteligencia ilegal refleja un comportamiento mafioso y violento, y se inscribe en una escalada de persecución y hostigamiento contra los familiares.
También es un fiel reflejo de la impunidad con que las fuerzas policiales actuaron antes, durante y después de la masacre.
“Mis hijos no quieren salir ni a la vereda, porque tienen miedo. Todos los días tenemos que enfrentar algo, pero acá estamos incansables para que se sepa la verdad y para que no vuelva a pasar.
Lamentablemente, los policías todavía no lo entendieron y siguen cometiendo los mismos errores: intimidando a los chicos y las familias”, declaró Gladys Ruizdia, mamá de Danilo Sansone, durante la presentación del informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a 45 días de la masacre. Asimismo denunció la presencia de policías infiltrados en la sala del Centro Tradicionalista Martín Fierro de Monte.
Los policías de civil fueron reconocidos por la comunidad desde el primer momento, ya que no son oriundos del lugar, no hablaron con nadie, y también estuvieron presentes el día lunes en un acto realizado por las familias en la puerta del municipio.
Luego de escuchar parte de la presentación, primero uno y luego el otro, se dirigieron hacia los sanitarios cercanos a la entrada, para luego salir a la calle.
Allí se subieron a un auto Peugeot blanco sin chapa patente ni identificación y se marcharon. El mismo vehículo fue visto por los familiares pasando por sus domicilios, frenando y acelerando de manera abrupta.
Al salir de la actividad algunos vecinos mostraron imágenes de otras dos personas, presuntos policías, que habían estado también en el acto del lunes por la tarde en las puertas de la municipalidad.
Esas mismas personas fueron fotografiadas al día siguiente, en un acto realizado en San Vicente por familiares del joven Germán Gómez, que fue encontrado muerto en la comisaria de Alejandro Korn.
El accionar policial infiltrándose en tres actos de familiares víctimas de la violencia estatal son actos de inteligencia ilegal y denotan un comportamiento claramente mafioso y de amedrentamiento, un intento corporativo por quebrar la voluntad de las familias y las personas de la comunidad que reclaman justicia.
Ante lo sucedido, la CPM comunicó de inmediato los hechos al Procurador General de la Provincia, Dr. Julio Conte Grand, que inició una investigación penal preparatoria, y denunció también ante Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.
El organismo reclama a la intendenta Sandra Mayol que rectifique las políticas de seguridad del Municipio y aparte a la ex policía Alejandra Cotignola de la dirección y coordinación de las fuerzas. Tal como advertimos en la nota presentada a la intendenta, su designación habilitaría la continuidad y profundización de las prácticas ilegales denunciadas. Esto efectivamente ocurrió, adquiriendo mayor gravedad aun, al violarse las leyes nacionales que impiden a las fuerzas de seguridad realizar actos de espionaje sobre la población. Esta escalada de sucesivos actos ilegales, demuestra la falta de límites de la fuerza y la ausencia de una conducción política que las encuadre dentro de la ley.
El informe presentado describe de manera minuciosa las prácticas policiales ilegales y violentas previas a la masacre, relevadas a través de testimonios de vecinos, jóvenes y organizaciones de la comunidad.
“Quiero agradecerles el apoyo y pedirle, pedirnos, ese compromiso social para cambiar la realidad, para que estas masacres no le pasen a nadie más. En los últimos días vengo pensando mucho en esta idea de convertir el dolor en lucha.
No puedo pensar en un mundo donde prime la desigualdad y la discriminación, que se maten pibes por portación de rostro o vestimenta”, señaló Yanina Zarzoso, mamá de Camila López.
“Creemos que el verdadero camino para trabajar como sociedad con los jóvenes no es el camino de la violencia y la represión, si no darles la posibilidad para realizarse.
El Estado está en deuda con estos jóvenes y esa deuda se agrava porque ahora encontramos una tendencia a banalizar el uso de la violencia por parte del propio Estado”, remarcó el padre Pepe Di Paola, integrante de la CPM que participó de la presentación. También fueron parte del acto los familiares de Camila, Danilo y Aníbal, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Funes, el secretario de la CPM Roberto Cipriano García y la Directora General Sandra Raggio.
La inteligencia ilegal, el amedrentamiento, la intimidación, el comportamiento mafioso y la impunidad de los policías infiltrados en la presentación no hacen más que confirmar todo lo que se denuncia en este informe.
La masacre se inscribe en ese contexto, en una trayectoria de violencia policial en la localidad que por miedo a represalias, permaneció en silencio hasta el 20 de mayo pasado.
Detenciones arbitrarias sin orden judicial, golpes y torturas a jóvenes, requisas ilegales de pertenencias, amenazas y humillaciones, coimas y sobornos, aparecen relatados como hechos rutinarios, como parte del accionar discrecional de la policía sobre los jóvenes: una relación atravesada por el abuso de poder constante.
La detención de menores de edad en comisaría es otro dato alarmante; según se desprende del libro de entradas de la dependencia policial: entre enero de 2018 y mayo de 2019, 42 menores de 18 años fueron detenidos en esa comisaría en condiciones de absoluta ilegalidad.
Para la CPM, estos hechos que culminaron en la masacre de Monte demuestran en toda su crueldad las consecuencias de estas políticas de seguridad que asumen como natural el accionar violento y desprofesionalizado de las fuerzas policiales. “Acompañamos a las familias y las alentamos a buscar justicia, porque sólo habrá paz si hay justicia”, cerró el padre Pepe Di Paola.
Fuente: Dirección de comunicación y prensa de la Comisión Provincial por la Memoria.