El fiscal requirió la investigación de los hechos denunciados por los diputados Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto (Frente para la Victoria) en relación a un presunto arreglo entre la Nación y la concesionaria Autopistas al Sol (Ausol) que le significó una ganancia de 499 millones de dólares.
De esta forma, se abre un proceso penal en el que están mencionados el presidente Mauricio Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel. La causa tramita en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.
La firma opera en un tramo de 120 kilómetros del Acceso Norte. El Grupo Macri es dueña de un porcentual a través de Sideco. Sin embargo, en la renegociación del contrato no intervino el presidente, por recomendación de la Oficina Anticorrupción. Lo hizo la vicepresidenta Gabriela Michetti en su lugar a mediados del año pasado.
El gobierno renegoció el contrato con la firma y lo extendió hasta 2030, más una suma de dinero. A cambio le pidió dejar sin efecto el juicio iniciado ante el CIADI por más de 1000 millones de dólares. Para el FpV, esa presentación fue simulada.
Entre las medidas solicitadas por Stornelli se cuentan el secuestro de la sede de la Dirección Nacional de Vialidad, de todos los antecedentes de los contratos de concesión de los accesos desde su adjudicación, de la intervención administrativa de Ausol, del expediente originado en la presentación administrativa de Abertis el 11 de agosto de 2015 y de los procedimientos que derivaron en el dictado de los decretos 607/18 y 608/18.
El fiscal también requirió el secuestro de todos los informes relacionados con el caso elaborados por la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos, y de todos los antecedentes que obren en la Procuración General del Tesoro respecto de la demanda iniciada ante el CIADI por parte de Abertis, firma controlante de Ausol.
Por otro lado, Stornelli pidió que se investigue una maniobra similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, que se llevó 245 millones de dólares del Estado.
Los hechos
El eje está puesta en la relación entre el Estado y AUSOL, hasta hace unos años una firma emblemática de los Macri. Según los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Nación, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.
Los legisladores marcaron que por decisión de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el gobierno dispuso arreglar por la suma de 499 millones de dólares. “Constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”, sostienen los legisladores del bloque FpV-PJ-Unidad Ciudadana.
“Esos 500 millones de dólares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios” afirmó Tailhade consignó y que la presentación ante el CIADI “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”. Ausol fue una de las históricas empresas del Grupo Macri, hasta que a mediados de 2017 el grupo vendió sus acciones luego de que aumentaran 400% desde la asunción de Mauricio Macri y en medio del proceso de “arreglo” con el Estado Nacional.
Fuente: La Tecla