La cuenta regresiva empezó. La orden de desalojo puede emitirse entre el 5 y el 9 de agosto, y se espera que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires acuda al viejo edificio de la calle Santa Cruz al 140, en el barrio de Parque Patricios, donde viven 105 familias. En total son 326 personas, de las cuales 131 son niños.
En el pasado, ese edificio funcionaba como una fábrica de toallas de la marca SELSA, pero a mediados de los 90 la compañía se declaró en quiebra y cerró sus puertas.
El edificio estaba en desuso. Para 2002, en plena crisis económica, política y social, decenas de familias decidieron ocupar la vieja fábrica, indicó el sitio RT.
Tardaron cuatro años en poner el sitio en condiciones medianamente dignas: “Era una miseria, estaba lleno de basura. Había ratas, cucarachas y murciélagos”, recuerda Victoria Narcizo, del cuarto piso, una de las vecinas más antiguas del lugar. La residente tiene 67 años, es peruana, y por la artrosis ya no puede trabajar, aunque no recibe ningún tipo de pensión. Necesita que la operen y recibir costosos tratamientos, que hoy no puede pagar.
Victoria vive con su esposo, quien se encarga de resguardar la entrada del establecimiento a cambio de unos 10.000 pesos, que juntan entre todos los departamentos. En el edificio también están su hija y los nietos: “Duermo con la menor de ellos, de tan solo cinco días, para darle calor”, cuenta.
Las decisiones se toman en asambleas, cada piso tiene entre dos y tres delegados que representan a sus vecinos. Como en casi todos los edificios de la ciudad, hay gastos comunes para el mantenimiento general de la propiedad, con servicio de limpieza incluido.
“La organización se da por el proceso de lucha para que no nos desalojen”, explica Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa Papa Francisco. La asociación se conformó en el 2014 para cumplir con los requisitos que exige el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y así “poder entrar al programa de autogestión de la vivienda”, que contempla el otorgamiento de créditos.
Aquella inmensa edificación, que legalmente estaba administrada por un síndico, fue subastada en el 2010. “Nosotros también queríamos comprarla”, relata Victoria. Sin embargo, ganó la oferta de Mario Leonardo Ratushchy, quien se dispuso a desembolsar 1,5 millones de pesos (a fines de aquel año, equivalía a 250.000 dólares) y se quedó con el gran inmueble, que había sido refaccionado por sus propios habitantes.
Acto seguido, comenzó un litigio judicial para deshabitar la adquisición de Ratushchy, y la Justicia local le dio la razón al comprador. Así, a pesar de llegar a una instancia de apelación, el Juzgado Civil Número 60, de carácter nacional y a cargo del juez Fernando Jorge Virgilio Cesari, falló en contra de las 105 familias y la orden de desalojo puede concretarse en los próximos días.
Se acordó realizar mediaciones, donde también participan la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Procuración General del mismo distrito, pero ahora las reuniones están interrumpidas, y el tiempo corre.
También se baraja la posibilidad de presentar un proyecto de ley en la Legislatura capitalina para evitar este desalojo puntual, aunque los procesos burocráticos pueden tardar y los vecinos de Santa Cruz al 140 requieren una solución urgente. Los más optimistas piensan que tal vez no se concrete el operativo policial por el costo político que podría causarle al Gobierno porteño —de la misma fuerza que el presidente Mauricio Macri— a pocos días de las elecciones primarias, que serán el 11 de agosto.
Entre los vecinos hay consenso y se están organizando para hacerle frente a los uniformados. No descartan que, además de las fuerzas porteñas, también participe la Policía Federal. “El oficial de Justicia nos dijo que va a ser el operativo más grande que tuvo en su vida, van a tener que actuar otros tres oficiales además de él”, advierten desde la cooperativa.
Con este marco, Llanos critica: “Trabajamos todos estos años para lograr una solución definitiva, y al final todo termina en la nada. Con voluntad política, esto se soluciona en dos segundos”.
En concreto, su propuesta es que el Gobierno porteño compre el edificio para que luego los vecinos reintegren ese dinero, o que se adquieran nuevos terrenos y les permitan tener un hogar: “Hay muchos que no se están utilizando y pueden usarse tranquilamente para un proyecto de vivienda”, señala.
Fuente: iprofesional.com