El fiscal Franco Picardi imputó al Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, por haber condonado una deuda de más de 7000 millones de pesos a las empresas eléctricas. Ese beneficio solo podría haberse otorgado si las empresas hubieran registrado indicadores de calidad superiores a los índices de referencia media, algo que no sucedió.
La denuncia que realizó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade el 28 de junio pasado también incluye a Antonio Garade, como Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la Nación y quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, reemplazante de Norberto Oyharbide. El legislador ya había realizado una presentación contra la venta de dos centrales termoeléctricas.
Cuando en 2002 la Argentina renegoció el contrato con las eléctricas se incluyó una cláusula que permitía que las sanciones “por deficiencias en la calidad (…) resultantes de cada medición, podrían ser destinados por las empresas concesionarias a la ejecución de inversiones adicionales y al Programa de Inversiones que las compañías presentaran”.
Sin embargo para sortear las sanciones las empresas debían registrar “indicadores de calidad superiores a los índices de referencia media”.
Eso nunca ocurrió: Edenor sólo cumplió en los semestres comprendidos entre marzo y agosto de 2006, y entre marzo y agosto de 2007; Edesur únicamente en el semestre de marzo a agosto de 2006.
Para los casos en los que las empresas no cumplieran con los parámetros de calidad, estaban obligadas a devolverle el dinero a los usuarios. El monto original de las sanciones era de 7000 millones de pesos: para los denunciantes si esa cifra se actualizara rondaría los 35 mil millones de pesos. Si se dividiera por la cantidad de usuarios, casa uno debería recibir entre 1200 y 7000 pesos de parte de las eléctricas.
“La denuncia destaca que la Administración Nacional habría beneficiado de manera ilegítima a las concesionarias, a través de la malversación de los fondos obtenidos en concepto de multas, pues estas últimas deberían haber favorecido a los consumidores, y no a los empresarios sancionados”, escribe Picardi en su dictamen.
“Deberían haberle devuelto el dinero a los usuarios, pero en cambio les permiten utilizarlo para obras que no especifican cuando van a hacer. No es legal, porque no cumplieron con los estándares de calidad”, comentó a LPO uno de los abogados que redactó la denuncia.
Fuente: iprofesional.com