Ayer se ha conocido la noticia de que el Juez de Garantías Nº 2 de la ciudad salteña de Orán, Claudio Oscar Parisi, ha levantado la medida cautelar que impedía al imputado Gustavo Zanchetta abandonar el territorio nacional; el exmiembro de la Diócesis de Quilmes que irá a juicio oral acusado de abusar sexualmente de dos seminaristas.
Según el señor Parisi, el exobispo merece volver a estar en posesión de su pasaporte por cuanto «prestó constantemente colaboración con la justicia, desde el inicio de la causa que se sigue en su contra».
Lo que no se entiende bien es que si tal colaboración data de la fecha de apertura del sumario cómo es que a Zanchetta se le ha prohibido salir del país y se le ha retenido el pasaporte. Alguna razón habría en su día para haber decretado esta medida que, como todo el mundo sabe, no procede frente a una mera sospecha de que el imputado va a eludir la acción de la justicia viajando a un país extranjero.
El caso es que Parisi dice que «mantener las medidas de coerción impuestas sería privar al mismo [a Zanchetta] de poder continuar con su labor cotidiana». No se sabe muy bien cuál es la «labor cotidiana» de Zanchetta, dimitido de la Diócesis por pedido del Papa y por decisión del Pontífice también sometido a juicio en el ámbito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que implica la suspensión de sus responsabilidades en la denominada Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
Lo que está claro es que el juez Parisi no cree que entre las «labores cotidianas» de Zanchetta se encuentre obstaculizar a la Justicia a pesar que afronta la etapa instructoria en libertad y sin restricciones para abandonar el país cuando le plazca.
No obstante esta amplitud, sobre Zanchetta pesan todavía algunas medidas cautelares como por ejemplo la obligación de presentarse a las citaciones del fiscal o del juez, la de abstenerse de realizar cualquier acto que obstaculice el descubrimiento de la verdad y la de alejarse de las presuntas víctimas y de su grupo familiar.