La causa en la que se investiga “cartelización de la obra pública” alcanza a Luis Lozano, exjefe de Administración, Gladys Pedernera, exjefe de Licitaciones y Compras, entre otros que ocuparon cargos públicos en ese momento. También alcanza a los proveedores provinciales Cristián Fizzani y Paola Oviedo.
A lo largo de 400 fojas, Rafecas consideró que se había establecido durante los gobiernos kirchneristas un “circuito” para distribuir proyectos de infraestructura a los mismos oferentes, mediante “engaños”, sobornos y falsificación de documentos.
En su escrito, el magistrado se detuvo solo en 167 casos de la jurisdicción bonaerense. En cada una de ellos, consideró que probado que los procesos licitatorios había sido “armados”. Por el caso, también dictó otros diez procesamientos a proveedores, a los que se acusa de fraude.
Con una auditoría mencionada en el expediente y luego de allanamientos, Rafecas dio cuenta de dádivas y sobornos de proveedores del Estado a los funcionarios. Así habló de una “asociación ilícita permanente” a la que se había llegado, según expuso, porque muchos funcionarios eran parientes de los que finalmente resultaron adjudicatarios.
Asimismo, también señaló que la cartelización se llegó a llevar adelante con documentación falsa de las empresas a beneficiar para completar todos los trámites correspondientes.
El fallo se escapa del viraje que se le atribuyó a Comodoro Py la semana pasada. La Cámara Federal porteña respaldó al juez Ariel Lijo para que investigue si fue abusivo el acuerdo con quita que intentó el gobierno de Mauricio Macri con la empresa Correo Argentina S.A, parte de su holding familiar.
A su vez, la Cámara Federal había anulado los procesamientos a los exfuncionarios kirchneristas Julio de Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, José López y Juan Pablo Schiavi por el soterramiento del Sarmiento que había dispuesto el juez Marcelo Martínez de Giordi. También se anuló la falta de mérito otorgada a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y ex responsable de la firma constructora IECSA.
Fuente: La Tecla