La geógrafa e Investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE – UNLP), Patricia Pintos, aseguró: “Es un fallo histórico que ha sido muy bien recibido por las organizaciones ambientalistas que vienen bregando por la conservación de estos ecosistemas”.
“Este fallo sienta jurisprudencia y le recuerda a la justicia de Entre Ríos que es la responsable de velar por la conservación de las cuencas hídricas de la provincia”, destacó la científica, y agregó: “Esta es el primer fallo de la Corte Suprema en protección de los humedales”.
“Resulta muy importante que le haya dado la razón a los peticionantes del recurso de amparo que son las organizaciones ambientales Gualeguaychú. En la justicia provincial sufrieron un revés y ahora la Corte los avaló”, remarcó Pintos y agregó: “Esto demuestra que sirve la organización comunitaria ante una ausencia manifiesta de los órganos que deben preservar estos ecosistemas. Los vecinos ocupan un vacío que deja la gestión”.
El Río Gualeguaychú es el segundo más importante de Entre Ríos y este era el primer emprendimiento inmobiliario que afectaría su cuenca. El barrio desarrollado por la empresa Altos de Unzué Sociedad Anónima está ubicado en el municipio de Puerto General Belgrano, frente a Gualeguaychú.
“La Suprema Corte le dice a la justicia de Entre Ríos que le parecía arbitrario ‘meramente ritual’ del amparo presentado por los vecinos. Además señala que estaba mirando sólo lo local sin analizar como eso afectaría integralmente a toda la cuenca”, explicó la geógrafa platense.
El “Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú” cuenta con 445 lotes, prevé la construcción de 200 viviendas y un hotel de 150 habitaciones en un predio ubicado al lado del Parque Unzué, en la margen del río.
“Ya se habían hecho casi todos los movimientos de suelo, altearon mucho el terreno, hicieron las lagunas, los caminos y las edificaciones centrales del barrio cerrado como el club house”, detalló Pintos y agregó: “El fallo frena la construcción y le pide al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que dé una respuesta adecuada al amparo peticionado por los habitantes de Gualeguaychú”.
“Creo que es un golpe certero contra este emprendimiento, aunque ahora faltaría un fallo que diga cómo adecuarse y restituir las condiciones originales del humedal. Eso es muy difícil que suceda pero el freno ya siente un precedente muy importante”, expresó.
Sobre el efecto de este fallo, la geógrafa que centró gran parte de sus estudios en las modificaciones realizadas en la cuenca del río Luján a partir de la construcción de barrios privados analizó: “Esto puede tener un efecto sobre las expectativas de desarrollos de otros emprendimientos. Por ejemplo, en Paraná y en Villa Paranacito ya había otros proyectos en danza. Ahora, la Corte le pidió a la Provincia que cuide sus cuencas”.
“Tenían algunos permisos pero no se habían hecho los estudios ambientales adecuados. El emprendimiento está ubicado en Puerto General Belgrano. Enfrente está Gualeguaychú, que como creía que se podía ver perjudicado solicitó a la Universidad Nacional de La Plata una evaluación del estudio de impacto ambiental que había hecho la empresa”, señaló la investigadora del CIG – UNLP.
“De ese análisis participó el ingeniero Pablo Romanazzi y dejó a las claras que lo hecho por la empresa no estaba bien y que se podían esperar un impacto de mayores inundaciones”, detalló.
“El problema es que el Estado no ejerce el poder de policía y da una carta blanca para que lo desarrolladores hagan lo que quieran. Hay formas sustentables de habitar, siendo respetuosos del ecosistema. Imaginemos que hubiera sucedido se hubieran modificado el Delta del Paraná, donde la gente convive con el paisaje. En cambio con los barrios cerrados niegan el ecosistema y lo conviertan en otra cosa, como sucedió en la cuenca del Río Luján”, concluyó Pintos.