La Unidad Fiscal de Investigación de delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, inició una investigación preliminar sobre la explosión de la fábrica de agro tóxicos Sigma Agro S.A., ocurrida el 27 de septiembre y que provocó la muerte de un trabajador y que ha despertado fuertes controversias por potenciales consecuencias en la salud.
El caso tramita ante el Departamento Judicial de esa jurisdicción. La Unidad Funcional de Instrucción Nº 6, a cargo de Luis Carcagno, con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 3, donde se lleva adelante una investigación para conocer qué es lo que ocurrió.
En la explosión falleció Rubén Ponce, de 42 años. Estaba contratado como sereno, aunque oficiaba como contratista de máquinas viales. Martín Barros, productor de semillas orgánicas de la zona, dijo a Radio Gráfica, que falleció cuando intentó salvar una máquina.
Sin embargo, se abrió un nuevo expediente. La División Delitos Ecológicos de la Policía Federal Argentina llevó el reclamo a la Justicia Federal y Ramiro González, a cargo de la UFIMA, inició las primeras medias para verificar si hubo alguna infracción a la ley 24.051 de Residuos Peligrosos, según consignó el sitio Fiscales.
La unidad especializada solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo del rabino Sergio Bergman, que informe con urgencia la situación ocurrida y que, en caso de considera, que existió una infracción a la ley de medio ambiente, se especifique qué matriz fue afectada -suelo, agua y/o aire- y que se informe sobre las medidas adoptadas vinculadas a la protección del ambiente.
Creada en 2006, la UFIMA, tiene entre sus funciones generar investigaciones y apoyar las investigaciones en curso, referidas a hechos que infrinjan la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, la Ley 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, y aquellos delitos que protegen la salud pública con la protección del ambiente, conforme lo establecen los artículos 200 al 207 del Código Penal de la Nación.
Las controversias se desataron cuando se difundió, después de la explosión, que Sigma Agro fabricaba un producto denominada Paraquat, que es considerado más contaminante que el Glifosato, más conocido en los sectores rurales.
La explosión fuego de grandes proporciones que fue combatido por bomberos por Bomberos Voluntarios de Mercedes, Navarro, Luján, Suipacha, General Rodríguez y San Andrés de Giles. Ese impacto despertó varias dudas en las redes.
La víctima fatal es Rubén Ponce, de 42 años, que “oficiaba de sereno, pero en realidad era un contratista de máquinas viales, intentó salvar una de sus máquinas del galpón que explotó y no sobrevivió”, contó.
Especialistas opinaron que puede haber un impacto en el ambiente, aunque las consecuencias se verán en el futuro. La planta está ubicada a cinco kilómetros de la población urbana de Mercedes, sobre la ruta 42.
Tras la tragedia, el municipio a cargo de Juan Ustarroz (PJ) desligó las responsabilidades en la Provincia, mientras que el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), quien inició reuniones para conocer qué es lo que pasó.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo bonaerense solicitó a las autoridades provinciales que brinden todo tipo de información respecto al impacto real que tuvo el incendio mediante pedidos al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y a la Autoridad de Agua (ADA).
El organismo reclamó información sobre el hecho y cómo los organismos actuaron al respecto; cuáles fueron las consecuencias ambientales inmediatas y cuáles serían las consecuencias mediatas; y el detalle de los planes de remediación ambiental a ejecutar, como así los plazos, el alcance y la duración de las etapas.
Fuente: NA