Durante una reunión de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, en la que se analizaba la emergencia judicial, Pablo Tonelli propuso redistribuir los recursos asignados por la ley de autarquía al Poder Judicial, disminuyendo los correspondientes a la Corte Suprema de Justicia y aumentando los recursos del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de administrar el Poder Judicial.
La Ley 23.853 asigna al Poder Judicial el 3,5% “de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central”, y de acuerdo con el Decreto de Necesidad y Urgencia 557/2005, dictado por el expresidente Néstor Kirchner, el 0,57% es asignado a la Corte Suprema de Justicia y el 2,93% al Consejo de la Magistratura.
“Este esquema de distribución de recursos ha demostrado ser inadecuado, dejando al Consejo de la Magistratura de la Nación ?y a los tribunales bajo su administración? en una situación de desequilibrio estructural y vulnerabilidad financiera crónica. Ello, con el consecuente impacto negativo sobre la autarquía e independencia del Poder Judicial”, sostuvo Tonelli.
Y continuó: “Tan inadecuada ha sido la asignación de recursos presupuestarios en cabeza del Consejo de la Magistratura, que más del 95% de ellos se destina al pago de salarios, lo que hace imposible aplicar fondos para hacer inversiones mínimas. Por otro lado, la situación presupuestaria y financiera de la Corte Suprema es diametralmente opuesta. A partir del desequilibrio presupuestario introducido mediante el DNU 557/2005, la Corte Suprema pasó a poder administrar una masa superavitaria de fondos que no tienen aplicación al pago de haberes o a inversión en el Poder Judicial de la Nación, y que se mantienen bajo la absoluta discrecionalidad del más alto tribunal”.
“La readecuación de la distribución de los fondos asignados al Poder Judicial resulta indispensable para sanear la administración de recursos de este poder del Estado, así como para evitar las consecuencias negativas que derivan de la dependencia económica y la emergencia de la infraestructura por falta de inversión. Desde el Consejo de la Magistratura debemos promover su modificación por ley y la derogación del DNU dictado durante el gobierno de Néstor Kirchner” finalizó Tonelli, diputado nacional del Pro y consejero de la Magistratura.
La modificación propuesta implica que del 3,5% del presupuesto asignado, el 0,35% sea para la Corte Suprema de Justicia y el 3,15% para el Consejo de la Magistratura.
Fuente: parlamentario.com