La Procuración General de la Nación (PGN) inició un proceso de “información sumaria” en busca de esclarecer los hechos que involucran a un empleado de ese organismo por consultas realizadas al sistema de la Dirección Nacional de Migraciones para obtener información sobre salidas del país de dos jueces del fuero penal económico.
La decisión se produjo luego de que la Procuración tomara conocimiento de la investigación a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral en la que se detectó que desde distintos organismos del Estado se habían realizado averiguaciones sobre viajes de más de 20 magistrados.
“Podrían existir ingresos ilegítimos al sistema de la Dirección Nacional de Migraciones con el cometido de constatar los movimientos migratorios de dos magistrados del fuero Penal Económico”, se indicó en la resolución de la Procuración según publicó Telam.
A cargo del sumario fue designado el secretario de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Casanovas, quien podrá designar un asesor y tendrá 30 días para presentar la información.
De la investigación judicial, surgió que desde un usuario registrado a nombre del Ministerio Público Fiscal (MPF) se habían realizado consultas a la Dirección Nacional de Migraciones para obtener información de las salidas al exterior de los jueces Javier López Biscayart y Marcelo Ignacio Aguinsky.
En ese contexto, el juez Canicoba Corral preguntó a la Procuración General de la Nación “en el marco de que investigación y/o actuaciones, y con intervención de que Magistrado, se dispuso ingresar a la base de datos” y si “se tomaron los recaudos de seguridad para mantener la cadena de custodia de dicha información”.
De acuerdo al expediente judicial, las consultas se habían realizado a través de un usuario registrado y autorizado como Ignacio Martín Descalzi quien integra la Fiscalía General Nro. 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Diego Luciani. Del legajo de Descalzi surgió la información de que ingresó a esa fiscalía el 30 de julio de 2018 y que provenía de la Fiscalía Federal 2 de San Isidro, donde había ingresado en 2007.
La PGN le solicitó a Luciani que informara que agentes de su fiscalía estaban autorizados a consultar el sistema de migraciones, con qué usuario lo hacen habitualmente y si en el marco de algún expediente se había dispuesto consultar sobre los movimientos migratorios de los dos jueces del fuero penal Económico.
Luciani respondió que en su fiscalía un usuario para ingresar al sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones, que esa cuenta fue creada el 4 de julio de 2017 bajo el usuario diluciani y agregó que el personal que presta funciones en la fiscalía a su cargo se encuentra autorizado a compulsar información empleando esa única cuenta.
En ese contexto, fue el propio quién Luciani solicitó “que se realicen las actuaciones administrativas que correspondan a los efectos de esclarecer la responsabilidad -si es que la hay- en el incorrecto uso de dicha herramienta de búsqueda”, según consta en la resolución de la PGN.
La resolución conocida ayer y firmada el 10 de octubre por la Procuradora ante la Corte Suprema, Laura Monti, aclara además que ya se le libró un oficio a la Dirección de Vialidad para que suspenda “los permisos a la base de datos de ese organismo de la clave de ingreso correspondiente al usuario” investigado.