Mediante la resolución 2889, dada a conocer ayer, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense volvió a alertar al Gobierno de María Eugenia Vidal respecto de la escasez de recursos para garantizar la administración de Justicia en el territorio Provincial.
La resolución está fechada en 23 de octubre y tiene la firma de su presidente Eduardo De Lázzari y de los ministros Daniel Soria, Hilda Kogan, Esteban Genoud, Sergio Torres y Eduardo Julio Pettigiani. Héctor Negri no estampó la rúbrica por encontrarse en uso de licencia.
El Máximo Tribunal de Justicia ilustró el reclamo con números preocupantes. Dio cuenta, por ejemplo, de las “variaciones de precios del 153,7% desde enero del 2017 a septiembre de este año” y el contraste con el incremento salarial otorgado al Poder Judicial, que fue de 114.5 por ciento en el mismo período.
También marcaron que en 2019 no hubo una propuesta “que recupere la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación”. Y volvieron a insistir respecto de la “brecha” respecto de los salarios del Poder Judicial de la Nación, que ya supera el 50 por ciento.
Por eso sostiene que esa diferencia “debe ser revertida por medio de un programa de recomposición salarial progresivo y sustentable”, y subraya la preocupación que genera “la falta de respuesta institucional a esta grave problemática”.
En ese sentido, señala el rol del Ministerio de Economía provincial, que, sostiene, “ha declinado avanzar en la definición de alternativas tendientes a recomponer las remuneraciones del Poder judicial e incrementar los recursos necesarios para su funcionamiento” a pesar de “la amenaza que su demora representa para la prestación del servicio de Administración de Justicia”.
No es la primera vez que la Suprema Corte, como cabeza del Poder Judicial, reclama al gobierno de Vidal y a sus antecesores. Hay 13 resoluciones de similares características desde 2006.