El defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, reiteró el pedido para que se declare la emergencia en materia de adicciones y alertó sobre las consecuencias de la creciente judicialización de consumidores.
En ese sentido, explicó que el último informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (ex Sedronar), publicado en 2019 con datos de 2017, muestra que dos de cada diez muertes de personas de entre 15 a 64 años se vincula con el consumo de drogas legales e ilegales, lo que representa una tasa de 54,9 por cada 100 mil habitantes.
Del total de estas muertes la mayoría corresponde a varones, significando el 69,4 % y una tasa bruta de 77 cada 100 mil habitantes, frente al 30,6 % de defunciones femeninas y su correspondiente tasa bruta de 33,3 casos cada 100 mil habitantes.
“Uno de los datos más alarmantes, que no debe pasar desapercibido, es el incremento exponencial de los decesos por sobredosis: el último indicador oficial evidencia que se registraron 100 casos en un año, prácticamente el doble que en 2015”, agregó Martello, que tiene a su cargo el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense y acaba de publicar “Salió Mal”.
Se trata de un libro donde el autor plantea -a través de historias críticas y relatos en primera persona- la necesidad de un cambio de paradigma en lo que se refiere a las políticas de drogas que se vienen instrumentando desde hace décadas en la Argentina.
“El Estado está dilapidando cada vez más recursos en someter a consumidores y adictos a burocráticos procesos penales, que por lo general terminan archivados, mientras se registran muy pocos avances en el combate del financiamiento y del lavado de dinero de las grandes estructuras narcocriminales”, sostuvo el defensor del Pueblo Adjunto.
“¿Qué costo tiene, para el Estado, judicializar a miles y miles de personas a las que se les aplica el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes que penaliza la tenencia de droga para consumo personal, siendo un artículo declarado inconstitucional hace más 10 años por la Corte Suprema? ¿Esos recursos no deberían destinarse al sistema de prevención y tratamiento?”, interrogó Martello.
Luego graficó: “si tomamos como referencia la estimación realizada por la Asociación de Pensamiento Penal, que preside el juez Mario Juliano, la tramitación de cada una de estos procesos, que por lo general se extinguen durante el procedimiento o en la elevación al fiscal que casi siempre termina archivando el expediente, demanda unos 10 mil pesos”.
Vale consignar que esta cifra incluye gastos relativos a costos del personal policial, el movimiento de los móviles, el material reactivo para determinar la calidad de las sustancias y recursos vinculados al personal de la fiscalía que debe tomar intervención.
Teniendo presente que entre 2011-2018 se iniciaron en la Justicia Federal unas 65.492 causas por tenencia para consumo personal, se puede determinar que el Estado nacional gastó cerca de 655 millones de pesos durante ese período.
En tanto, sí también se toman como referencia las estadísticas informadas por el Ministerio Público bonaerense, el costo que tuvo que afrontar la Provincia ascendió a más de 1.048 millones de pesos en ese mismo período.
“Para tener en cuenta la magnitud del despilfarro de recursos materiales y humanos, el gasto por haber judicializado a consumidores de drogas en la Justicia Federal y bonaerense supera, en casi 82 millones de pesos, los recursos asignados anualmente por el Estado nacional a la implementación de programas y políticas para la prevención de adicciones”, concluyó Martello.
Fuente: AN Digital