Una semana antes de las elecciones en la Argentina la Auditoría General de Asuntos Internos de la provincia de Buenos Aires (AGAI) fue allanada por personal de la Fiscalía Nº 15 de La Plata, en un procedimiento realizado en las oficinas de calle 51, entre 10 y 11 de La Plata, que estuvo a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield y fue llevada a cabo por orden del titular del Juzgado de Garantías Nº 1, Guillermo Federico Atencio.
El operativo se realizó a partir de una denuncia penal presentada por el excomisario Néstor Omar Martín, en cuyo descargo se señalaban maniobras tendientes al espionaje ilegal y a la persecución de civiles vinculados a policías (familiares de agentes de la Bonaerense). Además, sugirió el nombre del la fiscal Silvina Langone, titular de la Fiscalía de Juicio Nº 7 de la capital provincial, quien sería una de las espiadas por el Ejecutivo bonaerense.
En declaraciones realizadas ante ANDigital, la mencionada fiscal se mostró sorprendida y molesta por esta situación. Cabe señalar que el artículo 11º de la Ley Nacional de Inteligencia Nº 25.520 señala: “Queda prohibida la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas asignadas por la presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional”, que son la Agencia Federal de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Por lo tanto, Asuntos Internos bonaerense no tiene facultades para tareas de seguimiento y espionaje.
En ese marco, el denunciante le pidió a la fiscal Cecilia Corfield que siga los pasos dados por la empresa Advance Development Solutions (ADS), firma que figura a nombre de la imputada María Rosario Sardiña, quien a su vez se desempeña como titular del área de Patrimonio en la AGAI, al menos eso se desprende de una factura emitida por ADS.
Según obra en el petitorio que se incorporó al expediente judicial que se tramita en La Plata, ADS fue mencionada en un artículo periodístico con fecha del 3 de febrero de 2018, publicada en el diario Página 12 bajo el título “Una banda Bien informada”. Allí se señala que dicha compañía estaba vinculada a una maniobra de filtración de información dada en el marco de una investigación a cargo del juez Federal Rodolfo Carnicoba Corral, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12.
La crónica periodística del mencionado diario hace referencia al expediente judicial a cargo de Canicoba Corral que, a principios de febrero de 2018, ordenó 50 allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires y en CABA, los que terminaron con la detención de 7 funcionarios de la AFIP, un empresario privado a cargo de una empresa crediticia, un agente de bolsa y dos empleados de Advance Development Solutions que se encargaba de comercializar reportes financieros.
Por motivos que no se conocen, el sitio web de esa compañía hoy no está online aunque en su momento allí se podía leer: “Somos lideres en el suministro de información comercial y crediticia”, y se jactaba de poseer “la mayor base de datos sobre personas físicas y jurídicas de toda la República Argentina”. Como clientes tuvo tanto a bancos públicos como privados, extranjeros y nacionales, ministerios provinciales y nacionales.
Los investigadores buscan saber si esa empresa prestó servicios en Asuntos Internos o bien al auditor general Guillermo Berra. Se acompañó al pedido una copia de una factura emitida por ADS: “Solicitamos que se conozca en qué consiste el servicio y queremos que se establezca y presente el listado de la totalidad de las personas que fueron investigadas a pedido de Berra, Sardiña y Asuntos Internos, ya sean policías, civiles o funcionarios de cualquier organismo”, se lee en el escrito. El petitorio ante la UFI Nº 15 también se hizo con las firmas Veraz y Nosis.
Resulta llamativo que, a días del desarrollo de las elecciones, ningún funcionario del Ejecutivo bonaerense haya salido a desmentir las acusaciones que obran en el expediente penal que se tramita en La Plata, a tan sólo 6 cuadras del Ministerio de Seguridad a cargo de Cristian Ritondo, hoy diputado nacional electo y más que probable titular del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja nacional desde el 10 de diciembre venidero.
Resta conocer aún qué resultado arrojarán las pericias que se llevarán a cabo en computadoras, celulares y discos extraíbles que la Fiscalía secuestró en Asuntos Internos. Por último, no se descarta una ola de denuncias que podrían surgir a medida que avancen las pericias y se conozcan nombres de personas (civiles o funcionarios) que hayan sido espiadas o perseguidas por la estructura de la AGAI de Berra.
En estricta reserva, un vocero del caso señaló que “no podemos descartar que hayan existido intervenciones telefónicas con escuchas sin autorización judicial, algo que está expresamente prohibido y penado. Estaríamos hablando de una maniobra similar a la que se imputó al hoy presidente de la Nación, Mauricio Macri”.
Es sabido que muchos de los equipos informáticos de escuchas han sido proveídos en provincia por el hoy exjefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin, y que tienen origen israelí.