La Justicia Federal de Mar del Plata desbarató una organización acusada de ingresar droga a través del servicio de lavandería de la cárcel de Batán para su venta a personas privadas de su libertad, y que además sacaba un gran rédito económico porque no alquilaba local ni pagaba salarios en tiempo y forma a sus empleados, que están detenidos en su mayoría.
De acuerdo a la investigación que encabezó el juez Santiago Inchausti junto a la fiscal Laura Mazzaferri, al menos desde 2008 y hasta abril de 2017 el principal acusado aprovechó su pasado como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense para firmar un convenio en dos unidades penales en el marco del Programa de Reinserción “Incluirse”, para la explotación del área de lavandería ubicada en el interior de las cárceles. La firma que figuraba como proveedora del Estado provincial estaba a nombre de la madre del sujeto que ya se encuentra detenido.
La empresa utilizaba de manera exclusiva las instalaciones de los penales, por lo que no tuvo que realizar una inversión de capital propio y, al mismo tiempo, aprovechaba la mano de obra precaria brindada por los internos que lavaban la ropa blanca quirúrgica a clínicas y sanatorios privados de Mar del Plata y de La Plata.
El acceso al área de lavandería -que por cuestiones funcionales exigía el ingreso de rodados con bolsones de ropa- habría sido el medio idóneo para que los investigados pudieran ingresar de manera oculta a la unidad penal estupefacientes que luego serían vendidos a los internos. Pero además, por la voluminosidad del trabajo que desplegaba el área de lavadero, la firma comenzó a obtener alto rendimiento económico.
El rol del principal acusado fue clave: su labor dentro del Servicio -desde 1990 hasta 2006, cuando fue declarado prescindible- le permitió obtener, mediante una contratación directa firmada por su madre, el beneficio de la explotación de las máquinas del área de lavandería de las Unidades X de Melchor Romero y XV de Batán; y una vez posicionado en el lugar, organizar una sociedad delictiva, según consignaron voceros del Ministerio Público Fiscal.
Otra persona ejecutaría dentro de la cárcel de Batán las órdenes que el líder daba desde La Plata, encargándose incluso de gestionar los pagos de los reclusos. En algunas oportunidades debía recurrir a otro implicado, quien a través de su financiera descontaría cheques de la empresa en cuestión, obteniendo una ganancia propia al cobrar un 2 por ciento del valor total de la suma a percibir. Con este accionar beneficiaba a quien lideraba la asociación en el ocultamiento de su dinero.
Por otro lado, otro hombre ejecutaba de manera directa las órdenes pero en la cárcel de Melchor Romero, y habría sido también el contacto mediante el cual el Servicio Penitenciario Bonaerense puso en conocimiento del líder de la banda que la firma de lavandería industrial estaba siendo investigada. Por último, otra persona facilitó a través de su cooperativa el cobro de cheques que recibió la firma, sin tener que pagar los impuestos que son exigidos dentro del sistema financiero formal.
Las pertenencias del principal acusado al SPB le habría permitido quedar bajo el amparo de una connivencia por parte de algunos funcionarios que permanecieron en el organismo, y así poder ingresar a explotar el área de lavandería sin control alguno de cumplimiento de cargas sociales, jornadas laborales ni medidas de seguridad e higiene.
A raíz de esto, en los últimos días de octubre el juez Inchausti ordenó la declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, entre otros a un funcionario del SPB y a un ex director jubilado de la Unidad Penal XV de Batán y empleado civil de la firma de lavandería, acusados de haber integrado una asociación ilícita, en miras de lavar de dinero en forma habitual y organizada, proveniente de infracciones a la ley de estupefacientes 23.737 y la ley de impuesto a las ganancias 27.430; y a la vez –en relación a ellos puntualmente-, por realizar maniobras tendientes a obstruir y ocultar la actividad ilícita desarrollada por la organización investigada.
Concluidas las declaraciones indagatorias, ahora el magistrado debe resolver las situaciones procesales de los involucrados. Las calificaciones legales que la fiscal Mazzaferri solicitó en distintos dictámenes son por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero –con el narcotráfico entre los delitos precedentes- e infracciones a la ley penal tributaria. Además, en el marco de la presente investigación, respecto de algunos de los imputados, el juez había dictado procesamiento por el delito de tenencia ilegítima de arma.
Fuente: 0223.com.ar