Al cumplirse seis meses de la Masacre de Monte, en el que una persecución policial motivó que el auto en el que transitaban un grupo de chicos chocaran contra un camión con un saldo de cuatro muertes, la investigación por este episodio de violencia institucional podrían ampliarse a los “responsables políticos”, en relación al encubrimiento, mientras se aguardan ciertos avances sobre los efectivos acusados por los homicidios y de los que participaron de aquel procedimiento en la madrugada del pasado 20 de mayo.
Familiares, amigos y vecinos de las víctimas fatales volvieron a marchar ayer por las calles de la ciudad de San Miguel del Monte, congregándose en la plaza principal, rebautizada como “La Plaza de los Pibes”, ya que recordaron a Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Carlos Aníbal Suárez, bajo la consigna: “íBasta de gatillo fácil! íEl Estado es responsable!. Como en cada actividad en demanda de justicia y el total esclarecimiento del caso, varias organizaciones sociales, políticas y defensoras de los derechos humanos se sumaron, brindando también su respaldo a la adolescente Rocío Quagliarello, la única sobreviviente.
La causa es investigada por el fiscal Lisandro Damonte, sobre cuya actuaciones no existen cuestionamientos, aunque existe un expediente paralelo, impulsado por las familias de los chicos muertos, en el que la Comisión Provincial de la Memoria apunta a la responsabilidad de la intendenta Sandra Mayol y al jefe de los Bomberos Voluntarios de Monte, Julio Barrios, que también podría extenderse a las autoridades del área de Seguridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. “Existe la necesidad de profundizar en la investigación de los eventuales móviles del hecho y esclarecer eso sería un gran paso. También es necesario avanzar en las responsabilidades más allá de quienes apretaron el gatillo: tampoco pueden quedar impunes quienes colaboraron en encubrir el crimen”. se indicó.
Cabe recordar que el hecho ocurrió el último 20 de mayo último, cuando los jóvenes se trasladaban a bordo de un Fiat Spazio y chocaron contra el acoplado de un camión estacionado en la ruta 3, mientras eran perseguidos a los tiros por patrulleros policiales.
Por el hecho se encuentran detenidos acusados de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de juego consumado y en tentativa” los policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez, quienes iban en los móviles que iniciaron la persecución y balearon al auto, derivando en la fatal colisión.
También quedaron apresados el jefe policial Franco Micucci y los efectivos José Manuel Durán, Nadia Genaro (excarcelada en julio), Melina Blanco y José Alfredo Domínguez por “falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.