El 25 de julio de 2008 un grupo de niñas, niños y jóvenes en situación de calle (que vivían en la Plaza San Martín) fueron reprimidos violentamente por un grupo de personas vestidas como civiles y como policías. La brutal agresión dejó al descubierto la inexistencia del Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño. El miércoles pasado (20 noviembre) se cumplieron 30 años desde que la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con aquel punto de partida como base nació el Programa “Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas” de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Tras la agresión propinada aquella noche en La Plata, el proyecto se planteó como una experiencia territorial colectiva de denuncia y exigibilidad al Estado del cumplimiento de sus obligaciones respecto a la niñez y sus familias.
En octubre de 2008, luego de aquellos episodios de violencia, madres de niños y niñas en situación de calle -junto a organizaciones no gubernamentales, y con el acompañamiento legal del Programa de Niñez, iniciaron una acción de amparo contra la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata.
Exigen la implementación del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. La sentencia de primera instancia – que hizo lugar a la demanda- fue dictada el 22 de mayo de 2012. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata dictó su sentencia el 7 de agosto de 2012.
Sin embargo, desde el 31 de mayo de 2013, hace ya más de 6 años, la causa se encuentra “cajoneada” en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires , sin que hasta ahora haya definiciones sobre el caso. Por so, el 6 de junio de este año desde la Facultad se presentó un “pronto despacho” ante ese Tribunal.
A 30 años de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, desde el Programa “Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas” recordaron que “la Suprema Corte de Justicia de la Provincia puede y debe intervenir para que cese la vejación de millones de niños, niñas y jóvenes; e inaugurar un proceso que conduzca a saldar la terrible deuda que tiene el Estado y la sociedad frente a ellos, abriendo nuevos caminos que permitan construir una comunidad respetuosa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes”.