La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) celebró que el gobierno de Axel Kicillof abra una mesa de diálogo, para analizar el problema de superpoblación carcelaria “como inicio de un proceso de reforma estructural de la política criminal”.
Es que unas 9000 personas privadas de su libertad llevan adelante una huelga de hambre desde hace unos 10 días en 27 de las 64 cárceles y alcaidías, y en una comisaría.
En ese sentido, el organismo explicó en un comunicado que remitió notas a Kicillof y a su ministro de Justicia, Julio Alak, en las que solicitó “la urgente intervención del gobierno provincial frente a la grave crisis del sistema penal y la apertura de una mesa de diálogo”.
“El flamante ministro de justicia aseguró que la semana próxima se dará inicio a la mesa de diálogo para avanzar en la grave situación que se vive en las cárceles provinciales, que fuera reconocida por el gobernador Kicillof en su discurso de asunción”, destacó la CPM.
Además, la Comisión pidió que “cualquier diálogo a implementarse en el ámbito judicial, el poder Ejecutivo o Legislativo, sume a los representantes de las personas privadas de su libertad y a sus familiares”.
Analizaron que “el diálogo es el camino para avanzar en
las transformaciones estructurales imprescindibles y urgentes, por ello la CPM celebra la pronta constitución del espacio”.
Desde el organismo, destacaron que “si bien el inicio del reclamo fue por la falta de alimentación, luego se transformó en una generalizada demanda por la mora judicial e implementación de una política criminal regresiva desde la perspectiva de derechos humanos”.
La CPM, designada recientemente como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó un relevamiento de los pabellones en huelga de hambre en las unidades penitenciarias, y determinó que los principales reclamos son que las decisiones judiciales respeten los estándares internacionales para la no vulneración de derechos, y que se activen medidas alternativas a la prisión preventiva.
También, que se revise el modo en que se realizan los informes criminológicos; que se aborde de manera urgente la crisis que atraviesa el sistema de encierro; que se aplique un mecanismo de conmutación de penas, y que se derogue la denominada Ley Bloomberg y se apruebe la Ley del 2×1.
Otros pedidos son que no se apruebe el proyecto de Código Penal impulsado por el ex presidente Mauricio Macri; que se implemente una mesa de trabajo de los tres poderes donde se incluya a los organismos de derechos humanos y que se respeten los derechos de las personas en huelga son otras de las demandas.
La Suprema Corte, en una resolución dictada el miércoles, también exhortó al inicio de la mesa de diálogo y basó ese requerimiento en que casi la mitad de los detenidos de todo el país se encuentra alojado en cárceles bonaerenses, lo que deriva en peligrosas condiciones de hacinamientos que atentan contra la integridad física de los presos y del personal penitenciario.
Fuente: Télam