Con presencia de funcionarios políticos, judiciales y legislativos, organismos de derechos humanos y autoridades eclesiásticas, los distintos sectores se propusieron acabar con la política punitivista que terminó con una sobrepoblación récord en las cárceles bonaerenses.
Ayer se puso en marcha la mesa de diálogo que ordenó crear el gobernador Axel Kicillof para enfrentar la crisis humanitaria en la que está inmerso el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires. Con la presencia de autoridades judiciales, organismos de derechos humanos y del ministro de Justicia, Julio Alak, la instancia creada por el gobierno bonaerense buscará encontrar una solución a la sobrepoblación penitenciaria.
Con una superpoblación carcelaria que, según Alak, tiene “un déficit que alcanza a casi 20 mil internos”, la mesa de diálogo inició el trabajo con el objetivo de “descomprimir las cárceles bonaerenses”. Así lo planteó el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, quien alertó sobre “una sobrepoblación récord y un hacinamiento que genera condiciones inhumanas de detención”.
Cabe recordar que tanto desde Casación y la Suprema Corte bonaerense advirtieron durante la última etapa del gobierno de María Eugenia Vidal sobre la crítica situación del sistema penitenciario provincial, su sobrepoblación y la violación a los derechos humanos de los internos. Fue la propia Justicia la que recomendó la creación de la mesa de diálogo.
Por su parte, Alak relacionó el drama a la política punitivista que aplicó el gobierno anterior. “Es imposible sostener esta política criminal”, sostuvo durante la reunión.
También estuvo presente el titular de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Eduardo de Lázzari, quien se comprometió a brindar el aporte de la Justicia. “El Poder Judicial debe trabajar en serio para solucionar el problema”, expresó.
La mesa de diálogo estará coordinada por el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Lisandro Pellegrini, y participarán jueces, defensores, funcionarios de la Procuración General, representantes del arzobispado de La Plata, miembros del Poder Legislativo, representantes de universidades, ONGs y organismos de derechos humanos.
La crisis humanitaria sobre la que todos estos actores coinciden se refleja en algunos datos oficiales. En diciembre de 2015 Vidal recició una población carcelaria de 34.096 personas que se alojaban en 20.732 plazas. A diciembre de 2018, la cantidad de personas privadas de su libertad ascendió a 42 mil personas y las plazas no se incrementaron.
La problemática no se circunscribe sólo a las cárceles sino también a las comisarías, donde, según la CPM, hasta 2018 había 4.129 personas alojadas cuando el cupo es para algo más de mil personas. A esto debe sumársele que el 53% de las dependencias policiales están inhabilitadas para alojar detenidos.