El Ministerio de Seguridad derogó ayer los protocolos para el uso de armas de fuego y de las pistolas Taser, también revocó el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores en Trenes, medidas dispuestas por la entonces titular del área, Patricia Bullrich.
Si bien se trata de anuncios que la ministra Sabina Frederic venía haciendo, ahora quedaron oficializados a través de la resolución 1231 publicada en el Boletín Oficial.
De este modo, el artículo 1 da de baja el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, mientras que el artículo 3 deroga la reglamentación para el empleo de armas electrónicas no letales.
De acuerdo con los considerandos, “autorizar la utilización del armamento letal ante el mero acaecimiento de una fuga, o de resistencia a una detención si quien lo hace no encuadra en una situación estricta de ‘peligro inminente’ de ocasionar la muerte”, como lo autorizaba el protocolo de Bullrich, atentaba “contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal; principios que, junto con la excepcionalidad y la progresividad, rigen el accionar policial en el modelo de un Estado Democrático de Derecho”.
“La habilitación del uso de armas letales por fuera de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad, racionalidad y progresividad que deben regular su uso, configura una situación de riesgo para las personas víctimas de delitos, para personas ajenas al hecho y para los mismos integrantes de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad”, advierte el texto.
Respecto a las Taser, se ordena elaborar un protocolo que “regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica”.
La resolución también da de baja al Servicio Cívico Voluntario en Valores, creado como “un ámbito de cohesión e integración social, dirigido a jóvenes de 16 a 20 años” e implementado por la Gendarmería Nacional, y se instruye para que “los objetivos y componentes del mismo vinculados a la educación, la salud y el bienestar, lo social y lo laboral, puedan ser asumidos y gestionados por las áreas competentes de la Administración Nacional”.
En los considerandos, se indica que “las finalidades y funciones asignadas a la Gendarmería no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del Servicio Cívico Voluntario, de tal modo que las tareas encomendadas a esa fuerza son completamente ajenas a las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad”.
Por último, se deja sin efecto también la norma que creó el Programa Ofensores en Trenes, por medio del cual los efectivos de fuerzas de seguridad podían solicitar DNI a los usuarios de ese medio de transporte.
Según se establece, esta medida “criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados”, ya que “se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación”.