La Suprema Corte bonaerense convocó ayer a los jueces penales para unificar y reforzar los criterios de cómo y cuándo se debe aplicar la figura de la prisión preventiva a personas detenidas, con el fin de descomprimir la preocupante situación de hacinamiento carcelario en la provincia de Buenos Aires.
El máximo tribunal provincial, encabezado por Eduardo De Lázzari, emplazó en la sede del Instituto de Estudios Judiciales de La Plata, a magistrados del fuero penal de todo el ámbito provincial a una reunión “obligatoria” dirigida a abordar con urgencia los aspectos fundamentales de la problemática existente y elaborar cursos de acción en lo inmediato.
En este marco, de Lázzari hizo referencia a la Resolución 3341 del pasado 11 de diciembre, en la que se calificó como “insostenible” la actual situación y abordar un principio de solución al actual cuadro de situación que atraviesa el Servicio Penitenciario bonaerense.
Con el objetivo de unificar criterios sobre qué tipos de delitos serán considerados a la hora de evaluar las prisiones preventivas, fuentes judiciales precisaron que “las pautas de uso racional de prisión preventiva tiene fundamento obviamente en el tipo de delito, en lo que prevé el código (que explica en que supuestos aplicarla) y la jurisprudencia”.
En ese sentido, el presidente de la Suprema Corte bonaerense, recordó los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -entre ellos los casos “Romero Feris”, “Jenkins” y “Gelman” y trazó lineamientos de actuación institucional “para que los apliquen al momento de resolver los pedidos de prisiones preventivas solicitados por los fiscales, sin perder de vista las particularidades de cada una de las personas en conflicto legal”.
De la reunión, presidida por el presidente de la Corte, Eduardo de Lázzari, acompañaron los ministros Daniel Fernando Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Sergio Torres.
También se hicieron presentes los jueces del Tribunal de Casación Penal de los 19 departamentos judiciales y autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el Colegio de Abogados provincial.
La medida se adoptó tras la resolución 3341/19, emitida el pasado 11 de diciembre por la Suprema Corte, donde alertó que las condiciones de los presos “tienden a agravarse en función de la elevada tasa de detenidos, el uso inadecuado de la prisión preventiva, las modificaciones en el Código Penal y las leyes procesales y las dificultades en el régimen de progresividad de ejecución de la pena, siendo todo ello susceptible de generar responsabilidad internacional del Estado argentino”.
La Corte indicó que adoptó estas medidas luego de un informe que le presentó en octubre el Tribunal de Casación Penal, donde se alertó sobre la acuciante problemática de la población carcelaria, que asciende 48.827 personas entre los detenidos en el SPB, alcaldías y comisarías bonaerenses, según un informe del Ministerio de Justicia de septiembre último, y lugar para 29.000.
Fuente: AN Digital