Se trata de un trabajo consensuado entre la Asociación Pensamiento Penal; el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Defensoría General de la Nación; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; la Procuración Penitenciaria de la Nación; la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas.
La Oficina de Personas Privadas de Libertad del Área de Grupos Vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, coordinó las distintas etapas del proceso de elaboración del documento final.
El trabajo “refleja la experiencia práctica de cada institución participante y el objetivo común de garantizar eficazmente la protección especial que los adolescentes en conflicto con la ley deben recibir por parte del Estado”, destacaron desde la Defensoría.
Además señalaron: “A 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, las Directrices de Justicia Juvenil sientan las bases del Plan de acción 2020-2025 que los integrantes de la Mesa de Justicia Juvenil se comprometieron a elaborar conjuntamente y desde una óptica restaurativa para que el interés superior del niño sea, de una vez por todas, la consideración primordial en cualquier decisión que afecte a las personas menores de 18 años que ingresan en el sistema penal”.