El gobierno de Alberto Fernández, evalúa derogar el decreto 70 de necesidad y urgencia que el ex presidente Mauricio Macri firmó en 2017 para endurecer los controles migratorios y acelerar la expulsión de extranjeros que delinquen. Se da en el marco de la revisión que llevan a cabo las nuevas autoridades sobre las principales medidas adoptadas por el macrismo.
Es un reclamo concreto que, tras el recambio presidencial, organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes llevaron a la Casa Rosada, que se comprometió a analizarlo.
El documento que llegó al Gobierno, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones que se reunieron a fines de diciembre, solicita que se derogue el decreto “de forma urgente”, entre otras medidas “para preservar los derechos de las personas migrantes”.
“Agenda Migrante para 2020”, es el título del texto que exige que se garantice el derecho a migrar, la “igualdad de derechos entre nacionales y migrantes”, como dice la Constitución; y que se generen las condiciones para la regularización de las personas provenientes de Estados no parte del Mercosur.
En la gestión de Cambiemos, se produjo un incremento sostenido en la cantidad de inmigrantes deportados de la Argentina: según el informe final de la gestión anterior, en el período 2016-2019 hubo 3 mil expulsiones, un 100 por ciento más en relación al período 2011-2015.
Desde el oficialismo afirman que están revisando el decreto y evaluando la posibilidad de derogarlo pero aun no hay una decisión tomada al respecto y nadie habla de plazos.
Las razones son similares a las que planteó el kirchnerismo desde la oposición, cuando cuestionó la iniciativa por considerar que tenía ribetes xenófobos, vulneraba el derecho de los extranjeros e implicaba un avance en la potestad del Ejecutivo al legislar en materia penal, algo prohibido por la Constitución Nacional. Por el lado del macrismo, consideran que si el nuevo gobierno deroga el decreto sería “un grave retroceso”.
Hay sectores que insisten en la necesidad de trabajar en una reforma integral, que amplíe los derechos que garantiza la ley 25.871, aprobada en 2004, y hasta puede contener algunos puntos del DNU, como por ejemplo la posibilidad de notificar electrónicamente a los extranjeros.