La familia de la adolescente Natalia Melmann, por cuyo secuestro, violación y homicidio tres policías fueron condenados a prisión perpetua y hay una sentencia pendiente para un cuarto efectivo imputado, renovó ayer, a 19 años del crimen que conmocionó la Miramar, su pedido de justicia y aseguró que el caso se transformó en “una bandera” contra la violencia de género e institucional.
El asesinato de la joven de 15, en pleno verano de 2001, instaló a nivel nacional un reclamo de justicia, amplificado durante casi dos décadas por su familia y allegados, y por colectivos y organizaciones de la sociedad civil, que el próximo martes volverán a marchar en un nuevo aniversario.
“Seguimos pidiendo que paguen todos los responsables del crimen de Naty, y el único consuelo es saber que su caso es una bandera que siguen tomando tantas chicas que pelean contra la violencia de género, y gente que pelea contra la violencia institucional”, dijo Gustavo Melmann, padre de la víctima.
Melmann contó que tanto él como la madre de la menor, Laura Calampuca, encabezarán el próximo martes, desde las 21, una nueva movilización en Miramar, que partirá desde las calles 21 y 28, para exigir justicia y “que en los juicios esté presente la perspectiva de género”.
Según la investigación del caso, la menor de edad fue obligada a subir a una camioneta de la Policía bonaerense cerca de las 7 del 4 de febrero de 2001, y llevada a una casa ubicada en el barrio Copacabana, en el extremo sur de la ciudad.
Allí, “fue accedida carnalmente por vía vaginal, bucal y anal por varias personas”, y luego, “con el inequívoco propósito de procurar la impunidad de la agresión sexual, la víctima fue muerta por asfixia, estrangulada con un lazo confeccionado con el cordón de una de sus zapatillas” y su cuerpo trasladado al vivero Florentino Ameghino, donde lo hallaron cuatro días más tarde.
El crimen provocó la reacción de la comunidad local, que encabezó junto a los familiares de la adolescente decenas de marchas para pedir por el esclarecimiento del caso y produjo incluso un impacto político: el entonces presidente, Fernando De la Rúa, se reunió pocos días después con los padres en Miramar.
Un juicio realizado entre septiembre y octubre de 2002 ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Mar del Plata derivó en la condena a prisión perpetua de los policías Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez, como coautores de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas”.
También fue condenado en esa instancia pero a 25 años de cárcel Gustavo “el Gallo” Fernández por su participación en el secuestro aunque esa pena luego fue reducida a 10 años.
Desde octubre de 2017, los tres policías condenados gozaron de salidas transitorias cada dos semanas, pero tras los reclamos de los familiares de la víctima, el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese beneficio un año después.
A su vez, en junio de 2018 se celebró un nuevo juicio, esta vez en el TOC 4 marplatense, a un cuarto policía acusado del crimen, Ricardo Panadero.
El hombre está imputado como coautor de los delitos de “privación ilegítima de la libertad por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por el concurso de dos o más personas, y homicidio doblemente agravado por haberse cometido para lograr la impunidad de los coautores de un delito anterior”.
Los jueces del TOC 4, Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquet y Jorge Peralta, absolvieron en ese proceso a Panadero porque consideraron que no pudo acreditarse la acusación y que “no se probó su coautoría en los hechos”.
Este falló fue apelado por la Fiscalía General marplatense y por la fiscal de juicio, Ana María Caro, por entender que “existió una apreciación incorrecta del material probatorio” y que “se prescindió de elementos relevantes”.
En la misma línea recurrieron la absolución los padres de la víctima y su abogado Federico Paruolo, al considerar que “se realizó un análisis sesgado y arbitrario de los elementos probatorios”, en especial de una prueba de ADN realizada sobre un vello púbico hallado en el cuerpo de la víctima, que indicó que “se detectó compatibilidad con el análisis correspondiente a Panadero”.
A partir de estos planteos, el 13 de noviembre, la Sala III del Tribunal de Casación provincial anuló la absolución y ordenó la realización de un nuevo juicio.
Esa instancia está pendiente aun, y según señaló el abogado de la familia Melmann, “a partir del fallo de Casación, está pendiente una nueva sentencia”.
“Entendemos que a partir de los videos del juicio que ya se realizó a Panadero, y de una nueva ponderación de las pruebas y los testimonios, podríamos tener directamente una nueva sentencia sin necesidad de un nuevo debate oral”, aseguró Paruolo.
Fuente: Crónica