Sergio Berni es una inagotable fuente de polémicas. Su estilo frontal y directo ayuda para que eso suceda. Esta vez, el Ministro de Seguridad de Axel Kicillof desató el debate al insistir con el uso de calabozos móviles para alojar a los presos que están en las comisarías.
El sistema tiene un problema. Esas “alcaldías modulares”, según su nombre técnico, se conocieron popularmente como celdas-contenedores. Esta denominación, como era esperable, predispone negativamente a la opinión pública, a la Justicia y a los organismos de Derechos Humanos.
Por esa situación, desde el entorno de Berni manejan el tema con total hermetismo. Sus colaboradores analizan por estas horas cómo difundir la iniciativa sin que sea tratada de manera peyorativa. En rigor, se trata de reflotar un proyecto que Berni se encontró casi terminado, heredado de la gestión de su sucesor, Cristian Ritondo. Son 1300 plazas listas a las que “sólo le falta la conexión eléctrica”.
Resta saber si se construirán más en el corto plazo. Según el último informe de Casación, con datos de Seguridad, en agosto de 2019 había 3807 personas alojadas ilegalmente en dependencias policiales.
Estas locaciones fueron costeadas con recursos de la cartera que manejaba Ritondo pero iban a ser instaladas en predios del Servicio Penitenciario. Una fuente con cercanía a la propuesta aseguró que no están hechas sobre la base de los conteiners de uso portuario.
La carpeta con los detalles de la oferta de Berni está ahora en manos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Ante la consulta de este medio, desde el organismo explicaron que se encuentran “elaborando un informe”.
Después de 17 años elaborando monitoreos sobre las condiciones de encierro, desde 2019, la Comisión fue designada como “Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en la Provincia de Buenos Aires”. No obstante, este portal pudo saber que otras asociaciones de especialistas y profesionales van a reclamar expresar su opinión.
Una vez puestas en funcionamiento, estos espacios no estarán bajo la de órbita del Ministerio de Justicia. Sólo se usarán para descomprimir los inmubles de la Bonaerense. Es por que Julio Alak mira todo desde lejos. Los detenidos no deberían estar más de 48 horas en una comisaría. Y de allí sí deben pasar a las alcaldías del SPB como paso previo a las unidas penales si es que se dicta la prisión preventiva.
Gustavo Ferrari, el titular de Justicia durante el mandato de María Eugenia Vidal, no se terminó de pronunciar definitivamente al respecto. Sí hubo varias reuniones para analizar la posibilidad y hablar de la implementación.
Berni busca aprovechar la coyuntura de hacinamiento carcelario que vive la Provincia aunque puntualmente no se trata de una solución de fondo para ese problema. Durante la administración Ritondo tuvieron lugar las conocidas “masacres” de Pergamino (2017) y Esteban Echeverría (2008), en las cuales murieron 7 y 10 hombres que estaban demorados en condiciones irregulares en comisarías.
Fuente: Infocielo