La presidencia de la Suprema Corte de Justicia dispuso ayer la adopción de nuevas medidas en el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, en consonancia con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por la presidencia de la Nación, con vigencia entre 20 y el 31 de marzo.
La nueva medida adoptada por Eduardo de Lázzari establece que “los inicios de las causas se realizarán ante el órgano jurisdiccional del fuero que se encuentre de turno”, y que “los amparos deberán ser interpuestos ante cualquier órgano jurisdiccional que se encuentre en turno. Una vez superada la actual situación se procederá a dar cumplimiento con la normativa pertinente”.
También dicta que “las decisiones urgentes de los Tribunales del Trabajo, Tribunales en lo Criminal, Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil, Cámaras de Apelación de todos los fueros y el Tribunal de Casación Penal, podrán ser adoptadas de manera unipersonal por su Presidente o quien lo reemplace, gozando de plena validez dicho acto”.
Durante la cuarentena el horario de atención al público queda reducido de 8 a 12, aunque la “medida no implica modificación del horario habitual de la jornada laboral”, según establece el texto de la resolución 13-20.
En la misma, “se encomienda a la Secretaría de Personal a que arbitre los mecanismos necesarios para expedir las constancias a los magistrados y funcionarios que se encuentren alcanzados por el deber de prestar servicios”. En otra resolución, también firmada ayer, el presidente del alto tribunal de Justicia pide a los ministerios de Justicia y de Seguridad que “se intensifiquen los controles sanitarios a las personas privadas de la libertad alojadas en los establecimientos a su cargo y de toda aquella que tome contacto con ellas, a fin de evitar el ingreso y la propagación del virus”.
Además, le solicita a los jueces del del Fuero Penal que “analicen, evalúen y adopten todas las medidas que estimen corresponder respecto al colectivo de detenidas/os que gozan de las salidas transitorias”, en virtud de restringir las mismas, habilitando a los magistrados a que puedan dejar “sin efecto los egresos que se están ejecutando durante el período de cuarentena”.