Personal de la Policía Local de Almirante Brown que intervino en un procedimiento donde se demoró a un matrimonio que el día 16 de marzo había llegado de Nueva Zelanda se encuentran también aislados en el marco de la crisis sanitaria por el coronavirus; ya que tomaron contacto con las personas que habían llegado del exterior. Allegados a los uniformados se comunicaron con Data Judicial para denunciar que “no se está cumpliendo el protocolo” y que algunos de los efectivos se encuentran “abandonados” ya que no tienen familiares cercanos.
Según pudo saber este medio el matrimonio esta sospechado de tener síntomas compatibles con COVID 19 según los vecinos que alertaron a la policía; esas personas se dirigieron a una entidad bancaria y también a un supermercado de la zona cuando el personal policial fue alertado por vecinos que reconocieron al matrimonio que debían estar en cuarentena, toda vez que habían llegado del exterior; más precisamente en los países de alto riesgo.
De inmediato personal de la policía local intervino y los demoró activando el protocolo pertinente para estos casos. A raíz de haber interactuado con esos ciudadanos, los 7 efectivos fueron aislados en sus respectivos domicilios a modo preventivo y sin realizarles ningún examen de contagio, de forma irresponsable sin tomar ningún tipo de recaudos sanitarios para con ellos.
El doctor Guillermo Dieguez que asiste a algunos de los miembros de la fuerza de seguridad indicó a este medio que “no están siendo asistidos por ninguna autoridad de la fuerza policial, ni sanitaria, al contrario de lo que refiere el protocolo para estos eventos, algunos de ellos no tienen familiares cercanos que le puedan brindar ayuda y además una de las efectivas es mamá de un bebé, en definitiva se encuentran en literal estado de olvido y abandono, hago responsable penal y civilmente a la Jefe de la Policía Local, comisario María Laura Amaya, por las eventuales consecuencias que puedan sufrir mis representados. Haciendo estricta reserva de radicar las pertinentes denuncias en sede penal y administrativa con intervención de la Auditoria General de asuntos internos”; finalizó Dieguez.