El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y los 20 Colegios departamentales, entre ellos el de Quilmes, trabajan denodadamente para el urgente restablecimiento de funcionamiento del Poder Judicial.
El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, ante la situación de Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por el virus COVID 19, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que no se interrumpa el acceso a la jurisdicción y se continúe trabajando apoyándose en el expediente electrónico y otros medidas especiales frente a la coyuntura.
El Máximo Tribunal de la Provincia resolvió, por medio del Acuerdo 386/20, disponer asueto hasta el 31 de marzo próximo y la prestación mínima del servicio de justicia, limitada a la atención de asuntos de ¨urgente despacho¨.
El entidad, presidida por el Mateo Laborde sostuvo que se debía “insistir que esta solución de tipo transitorio, no resulta sustentable en el tiempo”. En esa inteligencia, se agregó en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, la opción “Solicitar habilitación de feria” en “Otros datos”, a fines de habilitar un preferente tratamiento; correspondiendo a cada profesional, manifestar y fundar, las razones por las que la presentación involucrada no admite postergación, dada su naturaleza.
Los magistrados agregaron que la resolución de la Presidencia del Máximo Tribunal así como otras posteriores “han receptado aportes y propuestas realizadas desde el COLPROBA, las que se venían trabajando en el ámbito de la Comisión de Expediente electrónico y posteriormente en el Comité de Emergencia específico, convocado por la Suprema Corte, en el que hemos participado en representación de la Abogacía provincial”.
“A partir de los criterios adoptados en las mismas, se encuentran sentadas las bases para que pueda restablecerse, a partir del próximo 1° de abril, un adecuado funcionamiento del servicio de justicia” sostiene el comunicado.
Por último, desde COLPROBA solicitan que se reestablezca el servicio de justicia sin restricciones basadas en criterios de “urgencia” y protegiendo la salud de trabajadores y trabajadoras judiciales, jueces, juezas, funcionarios y funcionarias, abogadas, abogados, otros auxiliares de justicia y de toda la ciudadanía.