El 16 de marzo, el Procurador General de la Provincia Julio Conte Grand firmó la Resolución 158/20 a través del cual instruyó a los defensores oficiales a evaluar la petición de prisiones domiciliarias o excarcelaciones y solicitó a los fiscales “las particularidades fácticas y normativas de cada caso”, con el fin de disminuir la superpoblación carcelaria en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la expansión del coronavirus.
A partir de ese momento y desde que se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país, alrededor de 800 detenidos en diversos establecimientos de la provincia de Buenos Aires fueron beneficiados con arrestos domiciliarios o excarcelaciones.
En total, fueron 2.000 los pedidos de morigeraciones y beneficios. De ellos, el 40 por ciento ya fueron otorgados, mientras que todavía se analiza el resto. De acuerdo a los datos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en las cárceles de la provincia hay 644 presos con más de 65 años y casi 2.500 con patologías de alto riesgo. Algunos de ellos padecen enfermedades como tuberculosis, HIV o diabetes, aunque también hay con enfermedades respiratorias, algún tipo de tumor o afecciones que requieren diálisis.
De todos los reclusos que fueron beneficiados con prisión domiciliaria, más de 500 corresponden personas que se hallaban alojadas en cárceles de la provincia y el resto detenidos en comisarías de la policía provincial.
De los 500 presos que corresponden el SBP, sólo algunos de ellos salieron con algún tipo de restricción, como una tobillera electrónica, mientras que del resto solamente se constató su domicilio.
En su momento, Conte Grand había expresado que frente a la pandemia que azota al país y el mundo, “hay que evaluar las prisiones domiciliarias para presos en grupos de riesgo”, pero aclaró que hay “delitos que, por su gravedad, no ameritan ni justifican adoptar” esa medida.
“Hay muchas personas que cumplen pena privativa de la libertad que han cometido delitos que no ameritan ni justifican adoptar estas medidas por la gravedad de los delitos concretados. De modo que lo que hacen nuestros fiscales y defensores es evaluar cada caso”, indicó.