Unos 4.500 celulares fueron registrados por los presos alojados en unidades penitenciarias bonaerenses desde que hace diez días fueron autorizados a utilizar teléfonos móviles para poder comunicarse con su entorno a partir del decretado aislamiento obligatorio por el coronavirus por el que se suspendieron las visitas, informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Esa cifra indica que algo más del 10% -uno de cada diez-, de los 44.000 internos que hay entre las cárceles y alcaidías, blanquearon ante las autoridades penitenciarias los celulares que ya tenían en sus celdas o adquirieron a partir de esta disposición.
El uso de celulares en las cárceles fue autorizado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense, luego de que los presos dejaran de tener visitas como una medida de prevención para mitigar el avance del coronavirus y por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país.
La medida fue criticada por diversas agrupaciones de familiares de víctimas de delitos e, incluso, la diputada provincial Carolina Píparo, que en 2010 fue baleada en una salidera bancaria en La Plata y perdió un embarazo, denunció uno de los condenados por su caso le envió un mensaje intimidatorio desde la cárcel con uno de esos teléfonos, hecho que está siendo investigado por la Justicia platense.
EL SPB realizó un protocolo de uso del celular, en el que quedó establecido que el acceso al teléfono tiene como objetivo principal “el contacto con sus familiares y afectos, su desarrollo educativo y cultural y el acceso a información relativa a su situación procesal”.
De acuerdo al documento, cada interno “que ingrese a cualquiera de las dependencias del SPB” deberá registrar “ante el personal a cargo de su recepción” el teléfono celular u otro dispositivo tecnológico del que disponga, a su nombre, “y deberá expresar que éste no es producto de la comisión de un ilícito”.
El preso podrá utilizar el celular una vez que se encuentre alojado y “será responsable de todas las comunicaciones realizadas”.
En tanto, las personas que ya se encuentran detenidas y que no cuenten con algún dispositivo, pueden solicitarlo por escrito a familiares o allegados, quienes una vez tramitado el pedido podrán llevarlo a la dependencia del SPB que corresponda, y someterlo al mismo tipo de registro mencionado.
Según las condiciones de uso establecidas en el protocolo, las comunicaciones solo podrán realizarse “en los recintos de alojamiento”, “no podrán contar con memoria extraíble” y, “en caso de situaciones que puedan afectar la seguridad del establecimiento”, las autoridades pueden solicitar “la interrupción de las comunicaciones”. Asimismo, “se encuentra prohibido el uso de redes sociales, con excepción de la aplicación WhatsApp”, y, en caso de que el interno haya sido condenado por delitos vinculados a ellas o por el uso de celulares, “la autoridad penitenciaria podrá inhabilitarle la cámara al dispositivo móvil del que resulte responsable o establecer condiciones de uso específicas para el caso en concreto”.