La subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires participó ayer de los controles de salud realizados a los detenidos de la Unidad Penitenciaria número 23 de Florencio Varela, donde los reclusos se amotinaron ayer en reclamo de la agilización de los trámites judiciales lo que provocó la muerte de un detenido y dejó a otros 40 heridos.
Desde hace varios días, los presos venían realizando reclamos ante el hacinamiento que padecen y en demanda de medidas de seguridad sanitaria ante la pandemia por coronavirus, pero ayer más de 500 detenidos participaron de un motín en el que uno de ellos terminó muerto y otros 40 heridos.
La subsecretaría informó ayer que concurrió a la UP23 para acompañar la realización los controles de salud a los detenidos, que permita analizar y sistematizar cada uno de los casos y de sus requerimientos.
Además, se conformó una mesa de diálogo que sirvió para que los detenidos canalizaran sus demandas que se centraron en la necesidad de que la Justicia de celeridad a la resolución de las causas y los procesos, y finalmente permitió que levantaran la medida de fuerza que venían realizando en algunos de los penales.