Luego de una semana polémica por las excarcelaciones, que terminó con cacerolazos en varias ciudades del país, los cuatro intendentes del Departamento Judicial de Morón (Alberto Descalzo de Ituzaingó, Lucas Ghi de Morón, Juan Zabaleta de Hurlingham y Gustavo Menéndez de Merlo) se reunieron en la Asociación de Magistrados con los representantes de jueces, fiscales y defensores oficiales, para interiorizarse acerca de los pasos que seguirán ante la «eventual disposición de prisiones domiciliarias para personas que hayan incurrido en delitos menores», según se informó.
«Los jefes comunales expresaron su preocupación acerca de que esas medidas no afecten la seguridad en cada uno de los municipios que integran el Departamento Judicial. Los magistrados, por su parte, informaron sobre la situación carcelaria y dieron cuenta de la inquietud por la propagación los contagios de Covid 19 dentro de los establecimientos de detención, a raíz de las condiciones de hacinamiento», reza el comunicado conjunto de los municipios.
Los funcionarios judiciales manifestaron que esas condiciones de contagio exponencial podrían impactar en la saturación de los sistemas de salud pública en las distintas comunas. Los intendentes acordaron con las autoridades judiciales ser informados de cada una de las medidas que se tomen respecto de las prisiones domiciliarias y la ubicación de las personas que potencialmente podrían obtener su liberación transitoria, en el marco de la crisis sanitaria.
La oposición venía reclamando información a los intendentes, que hasta hasta semana parecían mantenerse al margen de la discusión. No obstante, hubo un cambio de discurso. Ministros de Nación y Provincia salieron a mostrarse en contra de liberaciones «masivas» y desde Diputados Sergio Massa promovió el juicio político para los jueces que dejen en la calle a presidiarios peligrosos como violadores, asesinos o narcos. Era tarde para evitar los cacerolazos.
Efectivamente, producto de la pandemia, hubo recomendaciones para achicar la población carcelaria. No obstante, el filtro dejó muchas dudas. La jueza de ejecución penal N°1 del Departamento Quilmes, Julia Márquez, reveló ayer que desde el comienzo de la cuarentena por el coronavirus fueron liberados 176 violadores y que en un solo día se concedió la misma cantidad de arrestos domiciliarios que en todo un año.
Claudia Cesaroni, abogada que representó a los presidiarios de Devoto en una «mesa de negociación» y decía en un audio que circuló por las redes que estaba todo acordado para conseguir Habeas Corpus, fue desplaza del Municipio de Quilmes.
Fuente: http://unmedioenmoron.com.ar/