En medio de la polémica por la liberación de presos, trascendió que un funcionario de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia envió a jueces una serie de denuncias y peticiones en el marco de la pandemia por coronavirus.
Se trata de Gerónimo Martín Erdmann Mc Donald, quien se desempeña como director de Asuntos Jurídicos de Personas en Situación de Encierro, a quien acusaron de pedir que se contemple la posibilidad de morigerar la situación de los detenidos debido a la emergencia sanitaria provocada por el Covid -19.
Sin embargo, el Subsecretario de Derecho Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, aseguró que las notas enviadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos a magistrados de la Provincia se enmarcaron un plan de contingencia y consistieron exclusivamente en la transmisión de solicitudes de internos, ante la ausencia, en algunos casos, del defensor oficial o de los procuradores en las unidades penitenciarias.
Flyer del plan de contingencia
“Las transmisiones efectuadas a diferentes operadores del sistema judicial surgían de denuncias realizadas por los internos y no tenían por objeto realizar un pedido institucional de dicha Subsecretaría a los jueces, sino simplemente transmitir la petición de los internos que, en muchos casos, estaban efectuando medidas de fuerzas, tales como huelgas de hambre o conflictos diversos”, señalaron desde la Provincia.
Y añadieron: “Las peticiones recibidas no sólo estaban dirigidas al Poder Judicial, sino también al Servicio Penitenciario, ya que estaban fundadas en reclamos de mejoras en las condiciones de detención, insumos sanitarios y atención médica. Carecer de asistencia legal, generó tensiones y mayores niveles de violencia y conflictividad en todos los penales de la Provincia”.
Moreno sostuvo finalmente que fue una medida provisoria en el marco de la emergencia por la pandemia del Covid-19, “con el objeto de suplir la ausencia de procuradores judiciales que por la pandemia y el aislamiento social y obligatorio no se apersonaban en las unidades y con el objetivo de pacificar a la población penitenciaria”.
En este sentido, desde Gobernación, resaltaron: “Lo que hacía la Subsecretaría, cumpliendo con sus funciones, era recepcionar las denuncias y derivar. No opina, no pide, no demanda”, y resaltaron que “también remitieron denuncias de maltrato en el SPB, falta de atención médica, falta de medicamentos y demás hacia el Ministerio de Justicia
Este martes, Axel Kicillof cargó con dureza contra del Poder Judicial por la polémica desatada a raíz del otorgamiento masivo de prisiones domiciliarias y dejó en clara la posición de la Provincia al respecto. “Este gobierno no coincide cuando se le da prisión domiciliaria a quien ha cometido delitos de gravedad, exponiendo a las víctimas. No solo no lo promovimos, sino que no estamos de acuerdo”.
Fuente: La Tecla