En el marco del ciclo de debate “Pandemia mundial. ¿Qué hacer con las cárceles?”, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una nueva charla virtual con referentes internacionales de Chile, Estados Unidos y Alemania. Los y las panelistas compartieron la situación carcelaria en sus países, las medidas que se tomaron frente al avance de la pandemia de coronavirus y la repercusión que el tema tuvo en la escena judicial, política y social.
“El COVID19 puso en jaque todo el sistema carcelario y también evidenció las condiciones de desigualdad que existen. Mirar la demografía de las cárceles es una manera de apreciar el tamaño de esa desigualdad”, sostuvo la presidenta de la CPM, Dora Barrancos.
En las últimas semanas, en Argentina hubo un extenso debate público sobre la situación de las cárceles y comisarías bonaerenses, y una reacción desmedida por parte de medios de comunicación y referentes políticos sobre la existencia de un plan para la liberación masiva de presos peligrosos. Esa reacción impidió generar espacios para una discusión profunda sobre el sistema penal y los lugares de encierro en un momento donde la crisis sanitaria por el COVID19 agrava las ya inhumanas condiciones de detención en la provincia y también en el sistema federal.
En ese contexto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lanzó el ciclo de charlas virtuales «Pandemia mundial. ¿Qué hacer con las cárceles?» para reunir en un espacio de debate a referentes internacionales con trayectoria y experticia en temas relacionados al sistema penal, el encierro y la lucha contra la tortura.
En esta segunda charla de ciclo, el panel estuvo integrado por la presidenta de la CPM Dora Barrancos, el profesor del departamento de criminología de la Universidad de Greifswald, Alemania, Frieder Dünkel; la referente de la comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas de Chile, Marta Cisterna; y la Doctora en Jurisprudencia y Política Social y profesora de Sociología de la Universidad de Hawai, Ashley Rubin. Las mesa estuvo coordinada por la directora general de la CPM Sandra Raggio.
“La situación carcelaria se discute en los medios y en la esfera política y, desde la CPM, consideramos importante ubicar en ese escenario el problema de las cárceles, en situaciones excepcionales como estas, y los niveles de sobrepoblación que aumentaron gravemente en los últimos cuatro años. Y también pensar la realidad argentina en el contexto internacional, ubicar el tema en las discusiones sobre la política criminal y sanitaria”, remarcó Raggio en la apertura de la charla.
“Frente la crisis humanitaria por el hacinamiento carcelario, el respeto de los derechos humanos deben ocupar la centralidad de la discusión”, agregó la presidenta de la CPM, Dora Barrancos. Y remarcó: “El COVID19 puso en jaque todo el sistema carcelario y también evidenció las condiciones de desigualdad que existen. Mirar la demografía de las cárceles es una manera de apreciar el tamaño de esa desigualdad”.
Sobre este mismo punto se expresó, al comienzo de su exposición, el profesor alemán Frieder Dünkel: “La situación en Europa, más específicamente, en Europa occidental es muy distinta a la situación de Estados Unidos o América Latina. El sistema penal tiene bajos índices de encarcelamiento y una constante disminución de la población detenida en los últimos 25 años. En cambio es increíble ver los índices de ocupación de las prisiones en países como Argentina, Brasil o Bolivia”, comparó quien fue entre 2015 y 2016 presidente de la Sociedad Europea de Criminología.
“Creo que tenemos que pensar que las prisiones son parte de la sociedad y deben ser parte de una política social orientada al bienestar. La diferencia entre los países es la prevención, en Alemania el Estado invierte dinero para preservar la seguridad del sistema económico”, agregó el académico alemán.
En esa misma línea se expresó Ashley Rubin: “La prisión es el último recurso y es una acción reactiva, cuando hablamos de penas es porque ya fracasó la prevención. Tenemos que reducir las inequidades sociales porque sólo eso impacta en la reducción del delito. La pena, ya quedó demostrado, no reduce ni previene el delito”.
Por su parte, la referente de derechos humanos en Chile, Marta Cisterna, agregó: “No podemos pensar en las cárceles si no garantizamos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la sociedad. Lamentablemente, en Chile, la discusión social está centrada en las organizaciones civiles de derechos humanos y la academia; el resto de la sociedad está muy marcada por la dictadura militar y la doctrina de seguridad nacional, de persecución del enemigo interno, sigue muy instalada en la sociedad y, por lo tanto, la idea del castigo está muy instalada a la hora de discutir socialmente el tema. Es algo que nos ha costado mucho revertir porque, además, ninguno de los gobiernos que pasaron ni la prensa ayudó en este debate sino todo lo contrario y hoy existe una fuerte criminalización de la pobreza”.
La crisis carcelaria en la emergencia por coronavirus
Según precisó Ashley Rubin, en Estados Unidos se informó que hay 9 mil prisioneros infectados y 393 muertos por COVID19; sin embargo, resalta, estos datos son un subregistro, porque hay muchos Estados que no proveen información. “Algunos hacen testeos, otros no; algunos sólo al personal, otros sólo a detenidos. Aún en esa situación de mucha variedad podemos observar dos puntos principales: en prisiones donde hay testeos masivos, se encuentran muchos casos de contagios; se testea a todos y se encuentran que más de la mitad de la población detenida está contagiada. Y, en segundo lugar, vemos que entre el 70 y 90 por ciento de los casos son positivos pero asintomáticos. Esto muestra que no estamos contando a todos”, detalló.
Sobre las razones de esa alta de contagio, además del hacinamiento, Estados Unidos tiene 2.2 millones de personas detenidas, Rubin señala también la falta de acceso a elementos de higiene, máscaras, alcohol en gel y jabones.
“En líneas generales, las medidas han sido pocas y lentas. Tenemos algunas iniciativas, excepciones locales, pero sólo alcanzan a una fracción menor del total de instalaciones penitenciarias. Por ejemplo, en algunos casos, se redujeron las fianzas para que las personas detenidas con prisión preventiva accedan a la libertad hasta el juicio, también se liberaron personas cercanas a cumplir la pena y personas con enfermedades preexistentes. Con estas decisiones, 24 mil presos han sido liberados, pero no es suficiente para evitar una tragedia masiva en las prisiones y en las comunidades porque estamos viendo que, al revés de lo que parecía, el contagio se produce en las cárceles y el personal lleva el virus a sus casas”, señaló la profesora estadounidense, que se especializa en el estudio de las tendencias históricas en el castigo penal y el encarcelamiento desde la perspectiva del derecho y la sociología.
En el caso de Alemania, Frieder Dünkel sostuvo que existen muy pocos casos de presos o personal carcelario infectado; sin embargo, y aun cuando tienen una tasa de encarcelamiento muy baja, el académico aseguró que, a raíz del coronavirus, es necesario reducir la población detenida.
“Lo más importante es que con el inicio de la pandemia hemos reducido la cantidad de ingresos de detenciones al sistema penitenciario. En Alemania tenemos algunas sentencias que implican pago de multas, fianzas o trabajo comunitario y la mayoría tiene alguna sentencia, para cumplir en prisión, de poca duración. Las primeras decisiones, frente a la pandemia, fue detener este tipo de sentencias, entonces tenemos unas 4 mil personas que o las liberaban o directamente no se ejecutaba la sentencia. En ese camino, muchos estados federales suspendieron todas las sentencias de hasta tres años”, resume.
Dünkel también destacó que en el caso europeo existen, desde el marco legal, normativas de “las cortes de justicia que tratan de evitar la sobrepoblación para no llegar a puntos extremos”. Y sobre el caso especial de Alemania, remarcó que no hay índices de sobrepoblación importante en las cárceles del país y que se pasó “a un sistema de celdas únicas, hoy el 80% de los detenidos está en esa situación”.
Por su parte, la representante de Chile en la mesa, Marta Cisterna, describió un panorama mucho más grave: a diciembre de 2019, había 49.500 personas privadas de libertad en 83 establecimientos. “Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos hicimos un relevamiento y vimos una enorme precariedad en las condiciones de higiene, salud y hacinamiento extremo. En promedio, las cárceles tienen un 114 por ciento de ocupación, pero existen reductos penitenciarios con índice de sobreuso de capacidad por sobre el 300 por ciento”. En esas graves condiciones estructurales destaca un problema central: la falta de agua potable, muchas de las cárceles, especialmente en el norte del país, se abastecen sólo mediante camiones aljibes.
La militante de derechos humanos remarca que, en ese contexto y frente al avance del coronavirus, hubo protestas en varios centros penitenciarios. “Hay 18 cárceles con brotes de contagios de COVID y las medidas de protección han sido promovidas por los propios detenidos, sus familias, y por organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos humanos. Hay iniciativas interesantes de la sociedad civil, por ejemplo, en este momento se presentó una cautelar en favor de todos los detenidos en las revueltas populares desde fines del años pasado”.
A mediados de abril, el Tribunal Constitucional de Chile aprobó una ley de indulto enviada por el gobierno nacional: 1.300 detenidos con alto riesgo de contraer coronavirus serían excarcelados. La norma permite que mayores de 75 años y mujeres con hijos/as menores de dos años o embarazadas cumplan el resto de la condena en sus domicilios. “Muchos no pueden acceder al indulto porque no tienen adónde ir afuera del encierro”, graficó Cisterna sobre esta medida.
En paralelo, la militante chilena advierte que el “gobierno ha estado haciendo uso del COVID para reactivar una Ley Humanitaria, la llaman ellos, dirigida fundamentalmente a liberar criminales de lesa humanidad”. Y precisa: “83 de 122 reclusos alcanzados por esa ley son criminales de lesa humanidad y representan el 70% de todos los condenados por lesa”.