Un promedio de entre 75 y 80 funcionarios judiciales entre jueces, fiscales y defensores oficiales son denunciados cada año por posibles irregularidades o incumplimiento de sus deberes ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires.
Así lo consignó en diálogo con Télam el titular de ese organismo, Ulises Giménez, que indicó que anualmente “se reciben unas 60 presentaciones para que se abran causas contra magistrados de distintos departamentos judiciales bonaerenses”.
Agregó que “no siempre hay un denunciado por causa, porque en ocasiones la acusación recae sobre los integrantes de una Cámara o de un Tribunal, por lo que los magistrados denunciados por año rondan entre los 75 y 80”.
Giménez está a cargo de la Secretaría desde 2009, cuando la provincia resolvió crear ese organismo como auxiliar del Tribunal de Enjuiciamiento que se encarga de juzgar las conductas de los magistrados y determinar, en un juicio público, sin son destituidos o no de su cargo.
El cargo requiere no sólo cumplir con los requisitos para ser juez de una Cámara de Apelación sino también acuerdo de la Cámara de Senadores, según lo establece la ley 13.661.
“Desde la puesta en funcionamiento hemos tramitado más de 560 denuncias que involucran a más de 600 jueces y fiscales”, explicó el secretario del Jurado. En diálogo con Télam, Giménez puntualizó que “desde el inicio de funciones de la Secretaría Permanente el ingreso y sustanciación de denuncias ha evidenciado un crecimiento exponencial”.
Adjudicó ese crecimiento a “la benignidad y modernidad del nuevo procedimiento que facilita a cualquier ciudadano la posibilidad de realizar una denuncia, a lo que debe sumarse la transparencia y publicidad del procedimiento desde el inicio de las actuaciones”,
También admitió que influyó “el enfoque político, social y periodístico que ha puesto la lupa desde hace ya un tiempo sobre el sistema de administración de justicia, a diferencia de otros tiempos que lo hacía sobre otras instituciones”.
“Sólo en el último año se han llevado adelante mas de 85 audiencias de las distintas etapas del proceso y se desplazó de sus cargos a 16 magistrados por vía de la suspensión, el apartamiento preventivo, el licenciamiento por la Suprema Corte de Justicia o a través del juicio oral y publico”, ejemplificó.
El sistema previsto para enjuiciar a jueces y fiscales bonaerenses volvió a la escena de la opinión pública estos últimos días tras el polémico fallo del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, que habilitó las detenciones domiciliarias a presos de grupos de riesgo de coronavirus.
Sólo en una semana, el vicepresidente de ese Tribunal, Víctor Violini; un juez de Bahía Blanca, una jueza de Ejecución de Quilmes y una magistrada de San Martín fueron denunciados ante la Secretaria Permanente.
Giménez explicó que la secretaría “recibe y tramita todas las denuncias contra los Jueces de todos los fueros e instancias, Fiscales, Fiscales Generales, Defensores, Defensores Generales Jueces de Paz, miembros del Tribunal de Casación, miembros del Tribunal de Cuentas y Juez Notarial de la provincia de Buenos Aires”.
Precisó que a partir de cada denuncia de Jury “se sortea un Jurado ad hoc por sorteo público, integrado por cinco conjueces abogados de la matrícula, cinco legisladores abogados y presidido por el Presidente de la Suprema Corte”.
“Por cada magistrado denunciado se constituye un Jurado de distinta conformación, lo que sabiamente la Constitución tuvo en cuenta como una forma de fortalecer los principios de especialidad, Juez natural, imparcialidad e independencia”, subrayó.
A diferencia de la Nación, el Consejo de la Magistratura bonaerense no tiene ningún tipo de injerencia en el juzgamiento de la conducta de los magistrados, sino que concentra su labor en la evaluación de los postulantes. “La provincia fue pionera en el control político de sus magistrados que ya estaba previsto desde las primeras constituciones y la secretaría de Enjuiciamiento busca mantener la buena salud de la justicia”, concluyó.