La causa por la muerte de cuatro jóvenes en la denominada “Masacre de San Miguel de Monte”, de la que este miércoles se cumple un año, está próxima a ser elevada a juicio oral con 23 imputados, entre efectivos de la comisaría local, peritos de Policía Científica y el ex secretario de Seguridad de esa localidad bonaerense, informaron fuentes judiciales.
El mes pasado, el fiscal de Instrucción Lisandro Damonte dispuso el cierre de la “etapa investigativa” y que los informes con los resultados de las últimas medidas de prueba se incorporen por secretaría por cuestiones de “celeridad y economía procesal” y debido a la “complejidad” de las actuaciones.
En la causa se investiga principalmente la muerte de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14); y las graves heridas que sufrió Rocío Quagliariello (13), la única que sobrevivió a la tragedia.
Dora Bernardez, abogada de los familiares de Suárez y Domínguez, dijo a Télam que se estima que a más tardar en junio próximo la causa estaría en condiciones de ser elevada a juicio oral ya que hoy se terminó un peritaje accidentológico a cargo de Gendarmería Nacional y sólo quedaría pendiente un estudio psicológico y una prueba caligráfica.
“Las medidas de prueba dispuestas por el fiscal se realizaron, sólo falta incorporar los informes al expediente”, señaló.
En la causa los ex policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez están procesados con prisión preventiva por “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de fuego consumado y en tentativa”.
De acuerdo a acusación, estos efectivos se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron que el auto Fiat 147 conducido por Suárez se estrellara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta 3.
Mientras que a los ex policías Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Bianco y José Alfredo Domínguez se les imputó el delito de “falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Además, por encubrimiento agravado se les dictó la prisión preventiva al teniente Héctor Enrique Ángel y al ex secretario de Seguridad del Municipio, Claudio Martínez.
De todos ellos, sólo Genaro y Bianco fueron excarceladas; en tanto que hay otro efectivo de Monte que recibió la falta de mérito, aunque sigue imputado.
Bernardez explicó que en diciembre pasado, el fiscal Damonte acusó también a otros 8 policías de la seccional local, entre ellos al comisario, por falsedad ideológica y encubrimiento agravado.
También imputó pero por incumplimiento de deberes de funcionario público a tres peritos de la Policía Científica de Cañuelas.
Para estos 11 pidió la detención pero la Justicia de Garantías sólo convalidó las imputaciones. Paralelamente, en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata hay una causa conexa por presunta violación de los deberes de funcionario público que se le sigue a la intendenta de Monte, Sandra Mayol, y al jefe de Bomberos.
Por su parte, la abogada Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y que también se constituyó como particular damnificado en el expediente, se mostró “bastante conforme” con la instrucción de la causa principal y explicó a Télam que también “hay otra denuncia contra personal policial aún no identificado por llevar a cabo una investigación ilegal”.
Mientras que Guillermo Baque, abogado defensor de unos de los policías acusado de homicidio, calificó la investigación del fiscal como “un desastre” y pidió que eleve la causa a juicio cuanto antes y que hasta que se fije fecha se terminen de incorporar los informes de las últimas medidas de prueba.