Desde el inicio de la pandemia con las consecuentes medidas de aislamiento, distintas organizaciones, funcionarios y particulares reclamaron por el pleno funcionamiento del Poder Judicial a lo largo y ancho del país. La provincia de Buenos Aires no fue ajena a los reiterados pedidos y con la nueva extensión del período de aislamiento, siguen sumándose cuestionamientos y pedidos.
La Justicia no está exenta de las mismas dificultades que tienen otras instituciones de la burocracia estatal, actores del sector privado, y trabajadores particulares: enfrenta problemas presupuestarios serios, la necesidad de organizar su futuro inmediato y la readaptación de todo su funcionamiento a las nuevas características del contexto. Pero en el caso de la Justicia, la cuestión se vuelve más compleja, debido a la función específica de ser garante de la paz social.
En la provincia de Buenos Aires, a instancias de la Suprema Corte y del Ministerio Público Fiscal, la digitalización de causas, la firma digital y el teletrabajo están en un estado de avance mayor que en la Justicia Federal. En paralelo, desde distintos ámbitos piden una reapertura de las funciones, para evitar una mayor demora de las causas y la garantía de que uno de los poderes fundamentales de la democracia actúe sin restricciones.
En las últimas horas, un grupo de unos veinte abogados se hizo presente en las puertas del palacio de la Suprema Corte de Justicia provincial para “hacerse eco” de los reclamos del personal judicial bonaerense y “de aquellos ciudadanos que ven imposibilitado el acceso al cumplimiento de los derechos”.
Por su parte, Marina Sánchez Herrero, consejera en el Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados del interior reclamó: “No es admisible que a 66 días del comienzo de la cuarentena no se haya encontrado el camino para que hoy la Justicia tenga pleno funcionamiento”. En esta misma línea puntualizó: “El error inicial fue no considerarla una función esencial en todo Estado de derecho”.