La Justicia dictó la prisión preventiva de una agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) acusada de matar a balazos a un preso de la Unidad Penal 23 de Florencio Varela en mayo último y de otros dos efectivos de la misma fuerza como presuntos encubridores del crimen, informaron fuentes judiciales.
La medida fue tomada por el juez Adrián Marcelo Villagra y alcanzó a la alcaide mayor Eliana Heidenreich, acusada del “homicidio calificado por ser miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego” del preso Federico Rey (23).
También recayó en el prefecto mayor Gabriel Bergonzi y el subprefecto Gastón Abila, ambos imputados por el “encubrimiento agravado” de ese asesinato. En el fallo de 97 fojas el magistrado dispuso además denegar el pedido de libertad por falta de mérito de los Bergonzi y Abila requeridos por sus defensas.
Al justificar las medidas de coerción dictadas en el marco de la causa y a requerimiento de la fiscal Roxana Giménez, el juez valoró en relación a Heidenreich que “la magnitud de la pena en expectativa que emerge a la luz de la figura reprochada, reviste entidad suficiente como para sustentar, en el particular, la idea de peligro procesal”.
Además, tuvo en cuenta “la violencia de la conducta desplegada por la encartada, utilizando armas para mayor poder intimidatorio” y mencionó que al momento de efectivizarse la orden de allanamiento y detención “no se hallaba en su domicilio en violación a la manda del DNU Nro. 297/2020” que impone el aislamiento obligatorio por el Covid-19.
Sobre los dos efectivos acusados de encubrimiento, en tanto, el juez consideró que deben permanecer bajo prisión preventiva debido a “las características del evento investigado” y que al tener un nivel jerárquico en la fuerza “existe la posibilidad” de que puedan “entorpecer el curso del proceso”.
Los tres penitenciarios fueron detenidos el 28 de abril por el crimen de Rey, cometido durante una protesta carcelaria registrada el 22 de ese mismo mes en el penal de Florencio Varela en reclamo de medidas de seguridad y prevención ante la pandemia del coronavirus.
Tras una pesquisa llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 9 de Florencio Varela -temática del complejo carcelario-, a cargo interinamente de la fiscal Giménez, sumado a la ayudantía fiscal con el doctor Cristian Granados y que contó con información aportada por Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial, se determinó que los tres habían estado involucrados en el episodio.
La alcaide está acusada de ser quien disparó contra el recluso, mientras que los otros dos penitenciarios se sospecha que participaron de una maniobra para ocultar o hacer desaparecer los cartuchos servidos de posta de guerra (plomo) disparados contra Rey (23). El crimen se produjo durante un enfrentamiento entre reclusos y penitenciarios, en el que hubo otros 40 presos y 15 agentes heridos leves, según se informó oficialmente.
Si bien inicialmente la muerte del preso fue atribuida a una pelea a puñaladas entre internos, mediante la autopsia se estableció que había sido asesinado por disparos con posta de plomo realizados con una escopeta calibre 12/70 cuando estaba en el techo del pabellón 6 de dicha unidad.
Destacan a la fiscalía
Los letrados de la Comisión Provincial por la Memoria como el abogado particular, Juan Manuel Casolatti, particulares damnificados que intervienen en el proceso coincidieron en destacar “la celeridad como el profesionalismo demostrado por los doctores Giménez y Granados en las actuaciones que se vienen desarrollando”.
A consulta de Data Judicial Casolatti agregó que “estamos gratamente sorprendidos porque está todo encaminado y acompañamos desde ya todo lo actuado en el contexto de la investigación, con escasos recursos se ha avanzado muchísimo en el proceso judicial; creemos que hay más penitenciarios implicados”, finalizó.