La Cámara Federal de Casación Penal avaló el sistema de comunicación por videoconferencia entre presos y sus familiares mientras dure el aislamiento social obligatorio por el coronavirus, al confirmar el rechazo al ingreso de teléfonos celulares en el penal de Ezeiza.
La decisión fue tomada por los jueces de la Sala I del máximo tribunal penal federal del país, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes rechazaron por “inadmisible” una apelación presentada contra un fallo que rechazó un habeas corpus presentado por los detenidos, según la resolución a la que accedió Télam.
En el amparo, los detenidos plantearon que la prohibición de ingreso de teléfonos celulares para comunicarse con “sus familiares y allegados” hasta que cesen las restricciones a las visitas, agravó sus condiciones de detención ante la pandemia de Covid-19
El planteo fue rechazado en la justicia federal de primera instancia de Lomas de Zamora y en la Cámara Federal de La Plata, ante lo cual el Defensor Público Oficial Pablo Ordoñez y el cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Agustín Carrique recurrieron a Casación .
En las tres instancias judiciales se determinó que la solución implementada a través del “Protocolo de Vinculación Familiar y Social a través de las videoconferencias” resulta “la que mejor se adapta a las circunstancias” y es “oportuna y razonable para afrontar la situación excepcional de pandemia” con respeto a “los derechos invocados”.
Las videoconferencias se realizan en salas que ya existían y en las áreas de visita y aulas que fueron acondicionadas.
Además, según informes que recibió la Justicia, el 7 de abril el Ministerio de Justicia entregó a través del Servicio Penitenciario Federal PCs con teclados, mouse y cable de alimentación.
La cárcel de Ezeiza cuenta con 16 salas de videoconferencia y según los responsables de la implementación en Ezeiza se dedican unas 8 horas y 40 minutos diarios a la comunicación de detenidos con familiares y allegados, con un total de 32 llamadas de 15 minutos cada una en casa sala.
“En consecuencia, según lo observa este tribunal, dado que la población total del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza es de 2.395 internos, resulta que en menos de cinco días toda la población carcelaria podría acceder a una llamada por videoconferencias”, se concluyó.
En su voto, la camarista Figueroa instó a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y a la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a “la ampliación del sistema actual de videollamadas, a fin de garantizar a los internos una mayor frecuencia en las comunicaciones ya sea mediante la incorporación de nuevas terminales o bien la extensión del horario de uso de las Salas existentes”.