El Ministerio de Justicia de la provincia resolvió disolver la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con el objetivo de “transparentar y democratizar” la actuación del organismo, informaron fuentes oficiales.
“La función del Servicio Penitenciario es alojar y garantizar la seguridad de la población carcelaria y realizar todas las tareas relacionadas con la rehabilitación y reinserción de los internos en la sociedad”, dijo a Télam una fuente de la cartera que dirige el ministro Julio Alak.
La decisión fue adoptada en las últimas horas y “está en línea con la misma medida que se adoptó en el Servicio Penitenciario Federal” tras los últimos acontecimientos públicos sobre los episodios de inteligencia sobre personajes públicos y presos conocidos años atrás.
“La función de inteligencia es muy importante y la tienen que llevar a cabo las agencias encargadas para no bastardear una función tan relevante. Justamente los servicios penitenciarios no son los encargados de realizar esto”, agregó la fuente oficial consultada.
Días atrás, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia por “producción de inteligencia ilegal” durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri en perjuicio de unas 500 personas, entre ellos políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y miembros de diversos organismos de la sociedad civil, además de unos 400 periodistas.
Entre los espiados se encontraban la ex gobernadora María Eugenia Vidal que, al igual que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su Vice, Diego Santilli, se presentará como querellante en la causa que lleva adelante el juzgado lomense que encabeza Federico Villena..
La ex mandataria provincial contrató como abogado a Mariano Mendilaharzu, el mismo que Larreta. Por el momento, no se sabe aún qué harán el resto de los oficialistas espiados, entre ellos el ex titular de Diputados, Emilio Monzó; el ex legislador Nicolás Massot y el actual titular del bloque, Cristian Ritondo.
También se presentó ante el juez a cargo de la causa el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, a quien le mostraron las fotos y seguimientos que habían hecho sobre él los integrantes de una organización que, desde distintos estamentos del Estado, llevó adelante tareas de inteligencia ilegal sobre políticos, jueces, hombres de prensa, religiosos y gremialistas, entre otros; según se desprende de la causa
Alconada Mon fue el periodista de investigación que, a pocos meses de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, reveló que el entonces jefe de la AFI, Gustavo Arribas, aparecía en unas transferencias bancarias vinculadas a un cambista de la trama de Odebrecht.
De acuerdo a información oficial, la Dirección de Inteligencia del SPB, tenía por objetivo “recabar información interna e institucional a fin de verificar el cumplimiento de las pautas legales de administración de la Institución, con el objeto de iniciar las acciones administrativas y/o judiciales correspondientes en caso de violación de las mismas y por quienes tengan facultad de promoverlas”. Asimismo, se encargaba de “eecabar información dentro del ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense que coadyuve, en materia de seguridad pública, a la prevención y detención del delito, la cual será canalizada a través de la Subsecretaría de Política Criminal”, y aquella “tendiente a prevenir conflictos internos en las Unidades Penitenciarias”.