Jorge Omar Castillo, más conocido como el Rey de la Salada, pidió tomar vista de la denuncia realizada por el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, en la que acusa al Procurador Julio Conte Grand de ser partícipe en el armado de causas.
Castillo evalúa junto a su abogado, César Albarracín, la posibilidad cierta de requerir ser querellantes en la causa que investiga los presuntos casos de espionaje ilegal llevados adelante por el gobierno de Cambiemos.
El Rey de la Salada permaneció detenido en la Alcaidía La Plata 3, ubicada en Melchor Romero, entre junio de 2017 y febrero de 2019, lapso en el que mantuvo contacto con sus abogados y periodistas.
Castillo, actualmente con prisión domiciliaria, estima que durante ese periodo fue espiado ilegalmente y le apunta al fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, al Procurador Julio Conte Grand, a la ex gobernadora María Eugenia Vida y a Elisa Carrió.
Como se recordará, la Alcaidía de Romero fue allanada la semana pasada en el marco de la causa federal que denunció a la administración de Mauricio Macri por espionaje ilegal.
El Rey de la Salada adjuntó en su presentación una carta enviada al gobernador bonaerense Axel Kicilof en febrero pasado en la que denunciaba el armado de causas con fines políticos.
En la misiva Castillo dijo que el ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, tenía la intención de quedarse con la feria La Salada.
Como se recordará, anteayer, el fiscal general departamental de los tribunales de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, denunció al procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, por su presunta participación en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales, a través de una unidad fiscal especial.
Ferrari efectuó la denuncia ante el juez de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, Federico Villena.
En el escrito, el fiscal general de Lomas puso en conocimiento de Villena “las denuncias realizadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires contra el señor procurador general Dr. Julio Marcelo Conte Grand y a otros magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal.; como coautores o partícipes de la necesaria aquiescencia para la configuración de las maniobras y resultados a mi entender delictuosos”.
El fiscal consideró de “gravedad institucional” los delitos denunciados contra Conte Grand y otros funcionarios a través de la “Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora” .
Según la denuncia de Ferrari, desde esa unidad “se habrían iniciado investigaciones con objetos de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios, (doctrina de “Lawfare”), entre otros”.
El funcionario afirmó en el escrito, que en la presunta maniobra “han participado funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones de manera cuanto menos irregular, en consonancia con lo denunciado por diferentes magistrados de Lomas de Zamora, tales los Dres. (Luis) Carzoglio y (Gabriel) Vitale.”.
Ante esta situación que se vivió durante el macrismo, finalmente el fiscal Ferrari resolvió el 26 de febrero del corriente año, “mediante la Resolución 4/20 decidí disolver la Unidad en cuestión, y distribuir las investigaciones entre los fiscales naturales que les hubiera correspondido llevar adelante tales pesquisas”. Además, puso en conocimiento a Villena que en la Ciudad de La Plata, la fiscalía Nro. 15, a cargo de Cecilia Corfield y el Juzgado de Garantías Nro. 1 a cargo de Federico Atencio se tramita también una causa que investiga la violación a la Ley de Inteligencia Nacional.