La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Federal le ordenó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 que celebre al menos tres veces por semana las audiencias relativas al juicio en el que está siendo enjuiciado el empresario santracruceño, Lázaro Báez, sus hijos, Leonardo Fariña, Fabián Rossi, entre otros empresarios y políticos que suman 24 procesamientos. El juicio empezó en 2018 y se interrumpió por la pandemia.
La resolución, que lleva la firma de los jueces Mariano Borinsky, Carlos Carbajo y Marcos Fernández Ocampo, advierte que se deberán tener en cuenta “las medidas de prevención sanitaria dispuestas mientras se mantenga el contexto sanitario actual- hasta el dictado de la sentencia definitiva”.
El miércoles pasado, antes del fin de semana largo, los abogados del empresario le pidieron al tribunal que bajara esa caución o que otorgara a Báez la prisión domiciliaria. Ahora presiona por una respuesta del tribunal. Al mismo tiempo, la defensa busca, como alternativa, presentar un seguro de caución para cubrir la fianza.
En ese mismo sentido, argumentaron que de acuerdo a los principios procesales de inmediatez y celeridad que deben regir el proceso oral, y teniendo en cuenta que en este proceso hay personas que se encuentran privadas de su libertad, resulta imperioso que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de esta Ciudad “extreme las medidas necesarias para la finalización del presente debate, que no admite demora”.
También, aclararon que debido a las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, “dicho mandato debe cumplirse, de momento, de manera remota, mediante los medios digitales que provee la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y/o, de manera semipresencial, con una presencia mínima del personal necesario a tales efectos”.
En otro de los párrafos, los camaristas recordaron que en reiteradas oportunidades le solicitaron al mencionado tribunal que “imprima celeridad al trámite del proceso”.
Por último, recordaron que la Cámara dictó una “Guía de actuación para la designación y desarrollo de audiencias orales remotas o virtuales”, mientras dure la emergencia sanitaria del COVID-19, destinada al desarrollo de audiencias orales de modo virtual o remoto. “Allí se encuentran descriptas las herramientas tecnológicas que se utilizan a tales efectos y las plataformas que resultan eficaces para realizar la audiencia remota o virtual”, explicaron.
“Los Tribunales sujetos a esta superintendencia han realizado audiencias virtuales en numerosos expedientes judiciales a través de los medios digitales provistos por la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, aun en causas en donde se requieren múltiples conexiones de numerosas partes intervinientes”, agregaron.
También, hicieron mención a la incorporación del programa Jitsi Meet, un software multiplataforma que permite la conexión de hasta 50 puntos de acceso y que comenzó a utilizarse para los juicios federales. No obstante, su implementación ha tenido críticas.
En este juicio, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP ya pidieron penas para todos los acusados. El organismo recaudador solicitó una pena de 8 años de prisión para Lázaro Báez y penas altas para los cuatro hijos del empresario patagónico: Martín Báez (7 años y 6 meses), Leandro Baez (5 años), Luciana Baez (5 años) y Melina (4 años y 6 meses). La AFIP también pidió el decomiso de todos los bienes investigados y que se inicie una causa por falso testimonio contra varios testigos.
En el segundo turno, la UIF pidió una pena de nueve años de prisión para Lázaro Báez, 8 años para Martín Báez, 7 años y 6 meses para el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco; 6 años y medio para Fabián Rossi, y 4 años y seis meses de prisión para el arrepentido Leonardo Fariña.
Cabe resaltar que los obstáculos en torno al desarrollo de los juicios orales en forma remota generaron diversas reacciones en el ámbito judicial.
Fuente: Tiempo Judicial