La mega causa por el presunto espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora, una maniobra que involucra a la gestión macrista de la AFI encabezada por Gustavo Arribas y Silvia Majadalani, podría estallar en la Justicia bonaerense si prospera una presentación de Hugo Moyano, pidiendo la indagatoria del actual Procurador General de la Corte, funcionarios claves de la gestión de Vidal en el área de Justicia y el diputado macrista Alex Cambell.
En una presentación que se conoció ayer, la defensa del líder sindical, a cargo de Daniel Llermanos, pidió la indagatoria del Procurador Julio Conte Grand, del fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, del ex subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia durante la gestión de Vidal, Juan José Baric, y del actual diputado bonaerense Alex Cambell.
A todos los considera integrantes claves de una organización, con vínculos en la AFI macrista, para operar desde el Poder Judicial de la Provincia contra el titular del gremio de Camioneros. Se trata de la “mesa judicial” bonaerense que, según la denuncia, formaron parte del andamiaje montado desde las máximas autoridades políticas del país para “meter preso” a Moyano, como revancha de su férrea oposición a la ley de Reforma Laboral que impulsó Macri.
Entre los apuntados, están, además, el Director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Sebastián De Stéfano, el Director operacional del organismo, Fernando Di Pascuale y el fiscal de Lomas de Zamora, Pablo Rossi.
Según la presentación, “en el expediente está ya acreditado que existieron, como mínimo, cuatro sectores de inteligencia ilegal encargados de la Persecución de la familia Moyano”. Entre ellos, un grupo en el que los mencionados fueron una pieza clave del andamiaje de persecución, que incluyó actividades ilegales, presiones al Poder Judicial y una campaña pública de desprestigio. Ingredientes de lo que se conoció en la argentina macrista, como una maniobra de “law fare” en la que habrían participado también un grupo de reconocidos periodistas de medios porteños.
En la denuncia, Llermanos establece los vínculos con lo que denominó “la mesa judicial bonaerense”, con anclaje en la figura de Guillermo Berra, el ex titular de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, sobre quien pesa un llamado a indagatoria, junto a su esposa Sardiña, para declarar por una maniobra de presunto espionaje ilegal desde el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Vidal.
Según la hipótesis de la defensa de Moyano, la ‘mesa judicial bonaerense’ de la que participaban la mayor parte de los que pretende citar a indagatorias, trabajaba “a las órdenes de la AFI” para perseguir a los opositores.
Prueba de ese vínculo, aseguró Llermanos, que es quedó demostrado en el expediente que investiga una red de espionajes, que “el imputado Araque se comunicó con Alex Cambell -por instrucción de Susana Martinengo- y éste último le recamo el ‘informe Bruera’, porque “no le pueden abrir el celular”
“El vínculo de Campbell con el grupo de inteligencia ilegal fue incluso reconocido por Susana Martinengo en oportunidad de prestar declaración indagatoria el 2 de julio de 2020, cuando señala que “Por eso llame a Alex. Le dije que quería presentar a unos amigos y así se conocieron”, aseguró Llermanos en su presentación.
La presentación apunta además al Procurador de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand, a quien le endilgan la realización de prácticas reñidas con la constitución, además de presuntos intentos de “apretar jueces y fiscales”, abuso de autoridad impropios de su condición, e incluso encabezar una verdadera campaña de desprestigio contra los Moyano a través de medios y periodistas porteños.
En ese sentido, en la denuncia, la defensa de Moyano remarca que “el Fiscal General de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, reiteradas veces, denunció a Conte Grand y a Scalera, entre otras cosas, por otorgarle el Procurador al Fiscal facultades “extraordinarias” como ponerlo a cargo de la “Unidad de Delitos Complejos y Lucha contra el Crimen Organizado” con la ilegítima finalidad de que allí se acumularan a modo de “Fórum Shopping” todas las causas de Lawfare: se excedió en sus facultades constitucionales”.
“Como exteriorización patética de esta alianza, el Procurador Conte Grand violaba impúdicamente en radios y programas de TV, los incisos 1 y 13 del artículo 21 de la ley 14.442 que establecen que el Procurador General solo está facultado para fijar las políticas generales del Ministerio Público, resultando absolutamente interdicta la facultad de impartir instrucciones particulares a los fiscales”, asegura la presentación.
En ese marco, remarca que “Conte Grand, durante los difíciles momentos que vivía Pablo Moyano –indagado- por Scalera decía de manera DESVERGONZADA en TN el 1 de noviembre de 2018 “hay pruebas para que esté imputado y detenido”; en una clara maniobra de coacción preventiva hacia los funcionarios judiciales de Lomas de Zamora con incumbencia en el proceso”.
Además, recuerda el “apriete” que recibió el Juez Carzoglio para que detenga a Pablo Moyano, en un hecho inédito que denunció el propio magistrado señalando a Conte Grand como el brazo ejecutor de esa acción.
“Pero Conte Grand, por si quedaba alguna duda agregó que “sus Fiscales” fueron instruidos por él para que insten “la privación de la libertad de Pablo Moyano”, remarca la presentación, un hecho que –asegura- “se aparta del principio general de la libertad durante el proceso penal”, una frase que el propio Procurador pronunció al momento de pedir públicamente su detención.
Esa expresión le valió ahora a la defensa de Hugo Moyano, para concluir que Conte Grand “había decidido que Pablo Moyano se iba a profugar o entorpecer el procedimiento”.
La hipótesis de la presentación, que ahora deberá estudiar la Justicia, es que los denunciados actuaban, en vínculos con agentes de la AFI, “en nombre de Mauricio Macri”, y su reconocido deseo de “meter preso a Moyano”, una frase que el ex presidente no se privó de pronunciar en público.
Además, señala el cableado del calabozo destinado a Pablo Moyano en una alcaidía de la Provincia de Buenos Aires”. En ese sentido recuerda la denuncia que “el ex jefe de Operaciones especiales de la Agencia Federal de Inteligencia Alan Ruiz, reconoció que le encargaron instalar cámaras y micrófonos en la cárcel de Melchor Romero”
“El hombre que condujo la Causa, primero desde su condición ilegal (lesiva del artículo 189 de la Constitución Provincial) de Fiscal General con potestad sobre los primeros Fiscales intervinientes, y luego a título propio, fue Sebastián Scalera, bajo la directa dirección del Procurador General Conte Grand”, concluye la presentación
Con esos argumentos, la defensa de Hugo y Pablo Moyano justifican, respecto de los funcionarios bonaerense, la aplicación de la figura de “prevaricato”, y no descarta otro tipo de conductas reñidas con el Código Penal, y pide la indagatoria de los mismos.