Un importante empresario de Lomas de Zamora se presentará esta semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a formalizar una grave denuncia contra el Procurador Julio Conte Grand, el Fiscal General de Lomas de Zamora Enrique Ferrari, su Adjunto Sebastían Scalera y el Fiscal Pablo Rossi.
Se trata de Eduardo Daniel Salvadores, que fuera sometido a a juicio en el año 2017, luego de que el Procurador General de la Provincia, doctor Julio Conte Grand, “impartiera una orden ilegítima al fiscal entonces interviniente para que rechace cualquier alternativa al proceso, luego de recibir en su despacho al abogado de la querella”; así lo confirmó a este medio el abogador particular, César Albarracin.
Más adelante agregó que “el fiscal de juicio reconoció ante los letrados intervinientes que habia recibido presiones de la Procuracion General. Se suma a ello la intervención previa de la Fiscalía General de Lomas de Zamora en diversos actos irregulares, entre ellos, la adulteración de una de las resoluciones de la causa para coartar planteos de la defensa, un allanamiento realizado irregularmente por el Fiscal de Instrucción, y la incautación indebida de miles de cuadros -propiedad de Salvadores- que no pudieron ser nunca recuperados, y generaron una deuda millonaria a la Provincia”.
En el escrito que se presentará en las próximas horas refiere Salvadores que “los hechos son de gravedad institucional que involucran a varios funcionarios judiciales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y al Procurador ante esa Suprema Corte de Justicia, doctor Julio Conte Grand. En la causa que se me siguió, los nombrados Rossi, Scalera, Ferrari y Conte Grand actuaron en conjunto y plena sintonía”.
Salvadores fue condenado en primera instancia por la Justicia de Lomas de Zamora por “estafas en grado de tentativa”, fallo que fue apelado por el defensor Albarracín y no se encuentra firme a la espera de un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia.
El juez Ignacio Del Castillo; del Correccional N° 1 de Lomas de Zamora había impuesto las siguientes penas en 2017: a Eduardo Daniel Salvadores, tres años de prisión; a Roxana Capotosti, un año y seis meses de prisión e inhabilitación por el mismo lapso para ejercer la profesión de abogada; y a José Ricardo Manestar, un año de prisión. Los hechos tomaron estado público a partir del caso Licenziato; aproximadamente 2400 obras de arte recuperadas en allanamientos hechos en la mansión de Salvadores y en un galpón que él tenía a pocos metros de allí (sobre Colón al 100, en Temperley), para lo cual fue preciso previamente derribar una falsa pared detrás de la cual se hallaban ocultas las pinturas.
Desde la defensa del martillero denuncian que todos estos procesos fueron llevados adelante en medio de irregularidades y por este motivo se presentará esta semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.