La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, destacó que la reforma judicial propuesta por el Poder Ejecutivo “tiene un objetivo claro y concreto: que los ciudadanos reciban un servicio de Justicia eficiente, eficaz, cercano, y que la respuesta a su conflicto llegue en un plazo razonable; es decir, un servicio de Justicia que funcione”.
Así se expresó Losardo al exponer en la primera reunión virtual conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).
La funcionaria explicó que la iniciativa, que recibió fuertes críticas por parte de Juntos por el Cambio, “busca una transformación integral de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias”.
El proyecto se basa en tres dimensiones de la Justicia Federal: “el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de la CABA; el fortalecimiento de la Justicia Civil con el fuero Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la CABA; y el fortalecimiento de la Justicia Federal con asiento en las provincias”.
En la primera esfera, se propone la unificación del fuero Criminal y Correccional Federal con el Nacional Penal Económico, fusionando la competencia y acopiando las estructuras de todas sus instancias, para crear un nuevo fuero que pasará a denominarse Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, señaló Losardo, el proyecto interviene en las estructuras del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, “porque es indispensable para enfrentar las necesidades que representa el nuevo fuero”.
“Se prevé un mecanismo especial para llevar adelante con mayor celeridad todos los procesos y garantizar la transparencia de los concursos de los cargos que se van a crear”, resaltó la ministra.
En cuanto al segundo aspecto de la reforma, indicó que se propone otra unificación de fueros, para dar lugar al nuevo fuero Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, se incluye una serie de “reglas de actuación” para jueces y magistrados, que apuntan a resolver “deficiencias del sistema de administración de Justicia”, invitando además a la Corte Suprema a que dicte códigos de ética.