La Red de Jueces Penales bonaerenses emitió un comunicado en el que asegura que “deteniendo a microvendedores no se ataca el narcotráfico” y propuso que el delito de la venta de estupefaciente vuelva a la justicia federal para descomprimir las cárceles de la Provincia.
“La persecución de los vendedores de droga al menudeo, determinó la disposición de cuantiosos recursos humanos y materiales, con destino a un objetivo que resultó fracasado por insostenible e ineficaz. Pese a que gran cantidad de agentes policiales, empleados, funcionario y fiscales hayan sido destinados específicamente a esta tarea en toda la provincia, no se advierte la disminución del problema que han venido a resolver: se han gastado muchos recursos sin verificar el cumplimiento de objetivo alguno”, sostuvieron los magistrados.
En la justicia penal se produjo una saturación. Según un Informe de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sólo durante el año 2018, se iniciaron más de sesenta mil (63.198) investigaciones penales preparatorias. De ellas, más de un 65 % resultó por delitos de microtráfico de estupefacientes, y más del 33% estaba referida a simples tenencias o tenencias para consumo personal.
“Las consecuencias en el sistema de justicia penal provincial son visibles: a) Incremento significativo del caudal de trabajo –y el nivel de conflictividad– de los organismos del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, especialmente en la primera etapa del proceso; b) Realización de pericias toxicológicas, que se dilatan por falta de recursos en los laboratorios; c) Aumento del número de audiencias en la instancia oral y el tiempo y los recursos que destinan los distintos actores a tal fin; d) Sobrecarga de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal del conjunto de departamentos judiciales, en particular, de aquellas del Conurbano, y del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires”, detallaron.
A la fecha de implementación de la ley de desfederalización, la Provincia de Buenos Aires ya había sido denunciada por violación a derechos humanos por sobrepoblación y hacinamiento ante organismos internacionales; por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había observado la deficiencia en la actuación de los poderes públicos locales.
“Sin embargo, en aquel momento se optó por asumir las competencias en esta materia, profundizando en la actualidad la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario, cuya tasa de detención actual es record histórico con 336 personas detenidas cada 100.000 habitantes, cuando en 2006 era de 139 cada 100.000. Hoy, se repiten las declaraciones de emergencia penitenciaria por las autoridades políticas y los más altos tribunales locales –Suprema Corte de Justicia4 y Tribunal de Casación Penal– definen la situación como una grave crisis humanitaria”, añadieron los jueces penales provinciales.
Según los datos del Registro Único de Detenidos de la Provincia de Buenos Aires (RUD) al 31/12/20196, de un total de más de cincuenta y ocho mil personas privadas de libertad (58.300) bajo distintas modalidades, más de ocho mil (8.113) lo estaban por delitos relacionados a la ley de estupefacientes, alcanzando el 13,9. Según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal (SNEEP) a fines del año 2018, se ubicaba como la tercera modalidad delictiva de encierro con 5.626 menciones, sólo superada por los delitos de robo y tentativa de robo (18.480) y los homicidios dolosos (5.749).
“Ello importa para el Estado local, no sólo una superpoblación carcelaria (que hoy también repercute en el estado de emergencia de las comisarías) para la que no está preparado el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB); sino que esto utiliza una porción importante de los recursos del sistema, que debieran invertirse en tratamientos útiles para mejorar las posibilidades de reintegración social de las personas detenidas por delitos de exclusiva competencia provincial”, advirtieron.
Según un informe de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires9, en el año 2019 el costo total por 4.915 personas presas en el Servicio Penitenciario Bonaerense ascendería a más de tres mil doscientos millones de pesos ($3.246.818.179,98), calculando que cada preso/a cuesta más de cuarenta y tres mil pesos ($ 43.000) al mes. En tanto que el costo total –siempre calculando la actualización por inflación– desde el 2005 al 2019 habría ascendido a casi treinta mil millones de pesos (29.943.063.479,20).
“Estos asombrosos números no incluyen los costos derivados de las intervenciones por personas sujetos a control de monitoreo electrónico, ni los de las policías (Ministerio de Seguridad), la Justicia Penal (Fiscales, Jueces y Defensores, Cámaras Departamentales de Apelación y Garantías en lo Penal y Tribunal de Casación Penal Bonaerense) ni de otros organismos de Poder Ejecutivo que intervienen en los procesos penales (Patronato de Liberados, Centro de Prevención de las Adicciones)”, subrayó la Red de Jueces Penales.
Los magistrados aseveraron que la lucha contra el narcomenudeo es “ineficaz, desde que estos cuantiosos gastos derivados a reprimir al narcotráfico nunca podrán tener éxito, pues apuntan al sector más fungible de la actividad”.
“El hecho de que la detención masiva de personas no haya derivado en una mejora de la situación, responde a un mal enfoque político criminal del problema: El confinamiento de vendedores al menudeo ataca al sector más fungible del mercado ilegal: Los vendedores son personas sin preparación, ubicados en el último eslabón de la cadena delictiva, por tanto su “neutralización” –detención– no afecta la estructura de la organización, y su reposición como recurso humano es muy sencilla, por la escaza preparación requerida y su fácil reclutamiento en un contexto de precariedad económica”, argumentaron.
“En pocas palabras; focalizar el problema del narcotráfico en la persecución de micro-vendedores callejeros, representa una política criminal fracasada (carente de resultados positivos verificados), insostenible (por los cuantiosos e infructuosos costos que representa para una provincia en crisis económica) e ineficaz (pues nunca la persecución del último eslabón de las bandas narco-criminales puede desmantelar su organización), que debe ser reenviada a la competencia federal, única autorizada a realizar investigaciones inter-jurisdiccionales que permitan atacar a la cúspide de este tipo de organizaciones”, finalizaron.