La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció ayer que durante el 2019 se agravó la situación de los detenidos en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la superpoblación, hacinamiento y denuncias por torturas. En un adelanto del informe anual 2020 que será presentado mañana, la CPM denunció que la política criminal durante el 2019 mantuvo los lineamientos de años anteriores.
“A pesar de reconocer desde el principio la crisis del sistema penal, durante todo el período no se tomaron medidas para revertir la situación y, en sintonía con el gobierno nacional, se profundizó el perfil punitivista de las políticas de seguridad y con ello las graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvieron en un comunicado.
Según el informe, la cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires creció a un promedio interanual de 9% y en diciembre de 2019 había 51.000 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y con monitoreo electrónico.
“Esta cifra representa una tasa de prisionización de 294 detenidos cada 100.000 habitantes, la más alta del país y una cifra que duplica la tasa del promedio mundial: 145 cada 100.000”, graficaron.
Para la CPM “el correlato directo del creciente encarcelamiento fue el hacinamiento en condiciones inhumanas, donde la sobrepoblación en cárceles llegó al 118% y en comisarías al 217%”.
Consignó que entre 2015 y 2019, murieron 550 personas bajo custodia del Estado lo que representa 11 muertes por mes y que el 78% de esas muertes fueron por enfermedades no atendidas, es decir, muertes evitables.
Precisó también que durante 2019 sólo la CPM registró y denunció 12.594 hechos de torturas o malos tratos relatados por 6.713 víctimas en entrevistas realizadas en las inspecciones a los lugares de encierro y en comunicaciones de personas detenidas o de sus familiares. En todo el período se presentaron 4.448 habeas corpus o acciones judiciales individuales urgentes y 37 acciones o habeas corpus colectivos por situaciones estructurales de violaciones a los derechos humanos.
El informe reveló también que de las 270 dependencias policiales que alojaban personas, 103 estaban clausuradas por orden judicial o resolución administrativa, es decir no podían hacerlo, pero no obstante, el 36 % de la población en comisarías fue alojado allí. Durante la última gestión la sobrepoblación en comisarías pasó de 159% a 217% y hubo dos masacres en donde 17 personas bajo cuidado del Estado, murieron quemadas: Pergamino y Esteban Echeverría, según el informe.