La Corte Suprema de la Nación rechazó un planteo de Ibar Pérez Corradi, condenado por tráfico de efedrina, para que se le permita contratar los servicios de una empresa de televisión satelital para su lugar de alojamiento en el penal federal de Marcos Paz, informaron fuentes judiciales.
Por unanimidad, el máximo tribunal consideró “inadmisible” el recurso de queja de la defensa de Pérez Corradi contra el rechazo por parte de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) del habeas corpus tendiente a que se mejoraran sus condiciones de detención en dicha cárcel.
Según las fuentes, el detenido había pedido autorización para la instalación de televisores con señal satelital en el acceso al patio y en un sector común, lo que fue negado por las autoridades penitenciarias por “razones de seguridad y funcionamiento del penal”.
Esta decisión fue ratificada luego por la Cámara Federal de San Martín y en mayo último por la Sala II de la CFCP. En esa oportunidad, los camaristas de casación Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani ponderaron que donde Pérez Corradi está preso -el Pabellón 7 de la Unidad Residencial II del Complejo Penitenciario 2 de Marcos Paz- están los detenidos separados del régimen común por sanciones disciplinarias, resguardo de integridad o pertenencia al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.
Riggi, Catucci y Gemignani recordaron que para los presos de ese sector se habían adoptado “medidas alternativas para su recreación en el área de educación” y que los detenidos “poseen televisores en sus respectivas celdas”.
Además, sostuvieron que la defensa “no logró demostrar algún perjuicio que pueda constituir un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención”, lo que no fue modificado por la Corte al oponerse al recurso de queja.
Perez Corradi cumple siete años de prisión por comercio de efedrina entre 2004 y 2008, y también registra otras dos condenas: a dos años y tres meses de cárcel por tráfico de oxicodona a los Estados Unidos; y a dos años y 4 meses por lavado de activos.
El empresario farmacéutico continúa, a su vez, vinculado a la causa del triple crimen de General Rodríguez, en el que fueron asesinados en 2008 Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), ya que si bien en diciembre de 2016 la jueza María Servini le dictó la falta de mérito, en mayo de 2017 la CFCP revocó esa decisión al considerar que restaba producir prueba.
Hasta junio de 2016, el empresario estuvo prófugo de la Justicia hasta que lo capturaron en la zona de la Triple Frontera, en Paraguay, y lo extraditaron a la Argentina.